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El Gobierno de Navarra emprenderá acciones legales contra responsables de la Planta de Biometanización de Ultzama

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El Gobierno de Navarra llevará a los tribunales a las personas jurídicas responsables de la gestión de la Planta de Biometanización de Ultzama por si sus actuaciones, a la hora de financiar el proyecto con subvenciones públicas, fueran constitutivas de delito o de infracción civil.

El Gobierno de Navarra entiende que de la revisión interna de los expedientes de las subvenciones concedidas y del informe realizado sobre la materia por la Cámara de Comptos, la financiación irregular con fondos públicos de esta infraestructura pudiera ser constitutiva de delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevariación y estafa.

Analizados los expedientes de los departamentos así como el informe de Comptos, el Gobierno de Navarra entiende que se produjo una doble financiación en la construcción de la planta de biometanización; al Ayuntamiento de Ultzama, por parte de Desarrollo Rural, y a Bioenergía Ultzama S.A., por parte de Desarrollo Económico.

Según la documentación referida, la empresa habría pagado 1.138.837,78 euros, IVA excluído, por encima del coste del proyecto. La empresa abonó ese importe al Ayuntamiento de Ultzama, quien a su vez lo abonó a otra sociedad mercantil, y luego pagó el 100 % de los gastos de construcción a otros proveedores. Todo ello sin que existiera constancia de una modificación del proyecto de inversión que se presentó para obtener las subvenciones. El Gobierno de Navarra entiende que a las posibles irregularidades contribuyó el entramado societario en torno a la planta de biometanización.

Cabe recordar que según el informe emitido por la Cámara de Comptos en abril de este año, se detectaron incumplimentos graves de la normativa de contratación pública por parte de los responsables del Ayuntamiento de Ultzama, así como una doble facturación en la construcción de la Planta de Biogás, dándose el caso de que empresas distintas llegaron a cobrar por el mismo concepto. Así, el órgano fiscalizador se dirigió a la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra apreciando indicios de responsabilidad penal, derivados, además, en un perjuicio importante para los fondos públicos.

Paralelamente, el incumplimiento de los requisitos en materia de subvenciones motivó que los departamentos de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y de de Desarrollo Económico solicitasen el reintegro de las cantidades aportadas a la construcción del proyecto.

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