La Unión Europea insta a los inversores y tenedores de deuda subordinada afectados por la resolución del Banco Popular a recurrir la decisión adoptada por Bruselas ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) al ser el único órgano en disponer de total competencia para pronunciarse al respecto.
De este modo, quienes vieron desaparecer sus inversiones tras la operación acordada por la Junta Única de Resolución (JUR) y ejecutada por el FROB -el fondo de rescate español- tendrán hasta el 7 de agosto para elevar sus reclamaciones al alto tribunal, fecha en la que expira el plazo de dos meses desde la comunicación y publicación del acto impugnado que fija la normativa regional.
