El Tribunal de Cuentas ha decidido hoy continuar con el juicio contable al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N de 2014, mientras que el Govern ha advertido al Estado de que no podrá frenar el «tsunami democrático» del referéndum previsto para el 1 de octubre.
Tanto Mas como los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega están siendo investigados para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para celebrar la consulta del 9N.
A todo político que malverse deberían de hacerselo pagar de su bolsillo, cárcel e inhabilitación (sea del partido que sea). Así otro gallo cantaría en nuestro país.