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El Pleno del Parlamento de ayer jueves aprobó por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “llevar a cabo un estudio para conocer el estado de las técnicas de coerción (especialmente las técnicas de contención mecánica) en aquellos centros en los que se realicen dentro de la Comunidad Foral de Navarra”
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a “establecer un programa desde el Departamento de Salud, de modo que se establezcan las medidas oportunas”.
Dicha programa, según se precisa, incluirá medidas dirigidas a “establecer registros donde no estén regulados el uso de sujeciones o contenciones y se planteen medidas a diferentes niveles para poder evitar su uso en el futuro”.
Además, se prevé “hacer un “mapeo de prácticas ya realizadas a nivel internacional para la consecución de los objetivos estratégicos, a fin de favorecer la utilización de medidas que ya se hayan demostrado efectivas”.
A tal objeto, se proyecta el desarrollo de un “programa formativo que incida en prácticas de relación terapéutica centradas en la persona dentro del Plan de Formación del Instituto de Salud Pública y Laboral”.
Y en lo que al proceso de elaboración respecta, “se establecerán cauces reales de participación que faculten el concurso de los usuarios/as en su diseño”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a “establecer un procedimiento de evaluación de las medidas tomadas”.
La enmienda incluía un cuarto apartado (desechado) dirigido a “evaluar y adaptar la Orden Foral 186/2014, de 2 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba el protocolo para el uso de sujeciones en los centros residenciales de tercera edad y discapacidad, a los criterios y propuestas reflejadas en esta moción”. Sin ningún apoyo, con las abstenciones de EH Bildu y Podemos y los votos en contra de UPN, Geroa Bai, PSN y PPN, ha decaído.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu y enmendada por el G.P. Geroa Bai llama a adecuar los sistemas públicos de salud mental para, en consonancia con documentos como el Manifiesto de Cartagena, desterrar toda práctica institucional contraria a los derechos humanos y a la dignidad de las personas diagnosticadas con trastorno mental.
A tal fin y dada la “fragmentación asistencial, la insuficiencia de medios y la escasa relevancia política” que tradicionalmente ha acompañado el abordaje de la salud mental, se propugna un “cambio organizativo y cultural que, mediante la oportuna dotación de medios, propicie la erradicación de las técnicas de coerción, a la postre una forma de violencia que puede llegar a romper los vínculos terapéuticos previamente establecidos”.
