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AFAPNA no apoyará un decreto de jefaturas que falte a la legalidad y pide el cese de Beaumont

NAVARRAINFORMACION.ES

AFAPNA, que ya había planteado, en numerosas ocasiones, la falta de legalidad del borrador en la mesa de negociación y había votado no al Decreto de jefatura, mantiene la misma decisión tras el dictamen del Consejo de Navarra

Desde el sindicato recuerdan que el Consejo de Navarra ha confirmado la falta de legalidad jurídica de las nuevas medidas que quiere implantar la consejera de Justicia e Interior, María José Beaumont, además de contravenir el ordenamiento jurídico actual en dos artículos muestran una dudosa legalidad.

De ahí que AFAPNA reitere su negativa a apoyar un proyecto que «no tenga garantías legales y que además no resulta imparcial y objetivo».

Este nuevo Decreto desnaturaliza la esencia del concurso de méritos, tal y como ha confirmado el Consejo de Navarra, por eso AFAPNA no respaldará que un evaluador, sin competencia y parcial, tenga un peso determinante en la elección final de las jefaturas ya que, además de injusta, se trata de una medida partidista que no se ajusta a la legalidad.

AFAPNA también considera que esta nueva medida resulta de lo más innecesaria ya que los trabajadores ya están representados en la provisión de jefaturas. Tal y como ha recordado el Consejo de Navarra, el tercer miembro del tribunal calificador es un representante de la comisión de personal, un trabajador que tiene contacto con los empleados y que al mismo tiempo está cualificado para escoger a un superior.

Por todo ello, muestra su completo respaldo al informe emitido por el Consejo de Navarra. El sindicato exigirá que el Gobierno de Navarra de la vuelta al borrador en la mesa sindical con el fin de que se cumplan todas las exigencias legales ya que no apoyará un Decreto que contravenga el ordenamiento jurídico.

Además, debido a la continua inseguridad jurídica que genera, AFAPNA solicita el cese de la consejera de Beaumont. No es la primera vez que la consejera plantea nuevas medidas que superan el límite de la legalidad, creando una continua inseguridad jurídica que no hace más que perjudicar a los empleados públicos de Navarra.

El sindicato recurrirá el mencionado Decreto si este no se ajusta a las normas jurídicas actuales y pretende seguir adelante con dos artículos indebidos.

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