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Rajoy y Mas durante una reunión en el Palacio de la Moncloa. Archivo
Cuando los autores del referendum, convertido en consulta, por la independencia secesionista de Cataluña están declarando, a partir de hoy, en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), han antecedido a este día, días en los que de nuevo se pone fecha para la celebración de un nuevo referedum, ahora «vinculante», o la apertura de una agencia tributaria en Cataluña, con datos fiscales recogidos de manera -hasta el momento- ilegal.
En esta encrucijada en la que se encuentra España, el actual gobierno, con Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy al frente, inmerso en el «diálogo». Si bien endurecieron el mensaje «avisando» de que podrían aplicar ley y constitución, al día siguiente, se retractaron de ello y suavizaron de nuevo el mensaje, volviendo a hacer hincapié en el diálogo. De nuevo diálogo y legalidad.
Mas, Rigau y Ortega en el «banquillo», eso sí, en el catalán, con el apoyo de algunos miles de personas o el de la alcaldesa de Barcelona. Mas declarando que asumió la «iniciativa política» del 9N para cumplir un «mandato» del Parlamento de Cataluña.
Sea como fuere, el gobierno de Rajoy llama a la legalidad, sin dar una respuesta legal. Mientras, el gobierno catalán busca revertir el hecho independentista en legalidad. Una legalidad que se tratará en la mesa del diálogo.
