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Doce Comunidades Autónomas, incluida Navarra, han exigido al Gobierno del Estado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de empleo, así como el traslado del sistema de inscripción y gestión del programa de Garantía Juvenil a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
En la reunión que dio origen a la petición, celebrada este miércoles en Madrid, participaron Paz Fernandez, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo y los consejeros o directores generales de empleo de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, País Vasco y Valencia.
Los representantes autonómicos manifestaron la necesidad de una reunión inmediata de las Comunidades y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para mejorar las oportunidades laborales de los parados, en especial de los jóvenes, en el marco de Garantía Juvenil.
También lamentaron que el Ministerio hubiera aprobado los fondos de 2016 para esta materia en el mes de diciembre, poniendo en riesgo las políticas de ocupación autonómicas. Los cargos territoriales alertaron de que aprobar los fondos anuales para las comunidades autónomas a finales de año ha provocado que sean los gobiernos autonómicos los que han tenido que financiar las políticas, cuando «no son las comunidades las que tienen que financiar las políticas del Estado».
En esta línea, los presentes en la reunión reclamaron una mayor participación de las CCAA en el diseño de las políticas activas de ocupación y recordaron que también es competencia autonómica el diseño, desarrollo y ejecución de políticas activas de empleo, en adecuación a las particularidades y problemáticas específicas de cada territorio y de los parados, motivo por el cual se hace indispensable mejorar la colaboración entre el Ministerio de Empleo y los gobiernos autonómicos para trabajar en el diseño de políticas de empleo.
Por último, señalaron que, a pesar de que se habla de crecimiento económico, todavía hay precariedad laboral, puesto que no se ha trasladado a la clase trabajadora y los parados. En este sentido, los consejeros consideraron insuficientes los 1.800 millones de euros de inversión del Estado en políticas activas de ocupación y reclamaron incrementar el presupuesto hasta los 3.000 millones de euros, igualando las cifras del 2011, con el objetivo de posibilitar un trabajo y un futuro digno tanto a los ocupados cómo a los parados.
