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Cataluña y la financiación, los retos autonómicos para un Gobierno de diálogo

NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

Una vez reelegido presidente del Gobierno y jurado su cargo ante el rey, Mariano Rajoy se enfrenta a varios retos en materia económica en su Gobierno, cuya estructura ya afronta el líder del PP y que tendrá que ser dialogante -así lo reiteró en su pleno de investidura-.

El proceso independentista abierto en Cataluña, la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, así como la búsqueda del consenso en la aplicación de la Lomce, se vislumbran como los principales retos en materia autonómica del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, aparte del techo de gasto o las pensiones, entre otros.

Durante su discurso de investidura, la palabra más empleada fue «diálogo», un término que constituirá el elemento común para afrontar dichos urgentes desafíos. Desafíos, además, que Cataluña y el resto de las comunidades llevan tiempo demandando ponerse manos a la obra.

Pero, tal y como subrayó Rajoy dirigiéndose a las diferentes fuerzas parlamentarias en el hemiciclo, a la vez que se da por seguro el diálogo, se da también que habrá límites, poniendo el enfásis en este punto a la hora de hablar sobre Cataluña.

De cara a la negociación con la Generalidad de Cataluña, el límite será la «unidad de España», dijo el presidente del Gobierno, y de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, serán la «estabilidad presupuestaria» y el «cumplimiento de los compromisos europeos».

Sobre la Lomce, prácticamente se podría decir que queda descartada la derogación de la Ley, por lo que será la misma norma la que marque las fronteras de la negociación.

La Generalidad catalana espera con expectación primeros pasos

El Govern catalán espera con expectación cuáles serán los primeros pasos que dé el Gobierno para abordar el proceso independentista. Uno de esos pasos iniciales puede ser meramente formal: por ejemplo, la creación de un Ministerio que asuma la gestión política, como pudiera ser un renacido Ministerio de Administraciones Públicas.

Otra opción podría ser la inclusión de las cuestiones territoriales entre las competencias de Vicepresidencia: quien se prevé que se mantenga como titular, Soraya Sáenz de Santamaría, podría, así, ver reforzado su papel.

Está por ver qué pretende hacer el Gobierno para sofocar un proceso que tanto el Govern como los partidos independentistas ven irreversible. Fuentes del PP consultadas por Efe al respecto no descartan que Rajoy plantee algún tipo de reconocimiento de las demandas catalanas en una previsible reforma de la Constitución.

Desde luego, no será una negociación sencilla. El líder del PP, en el Congreso, afeó a ERC y a PDECat -la antigua Convergència- que su premisa para dialogar fuera «consulta sí o sí». Ni en Moncloa ni en Génova están de acuerdo con la celebración de un referéndum.

También se da la circunstancia de una probable inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como la evolución de la causa abierta contra el expresident catalán Artur Mas, hechos que pueden afectar a la negociación de modo irresoluble.

Rajoy buscará el consenso en financiación autonómica

A la hora de abordar la financiación de las autonomías, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprovechado los diez meses en funciones para avanzar en este campo, aunque será una próxima Conferencia de Presidentes la que haga arrancar un proceso embarrancado.

Rajoy anunció que convocará a los máximos responsables autonómicos para empezar a confeccionar un nuevo modelo «estable y suficiente».
Lo que más urge, sin embargo, es que las comunidades reciban liquidez y las cifras de los techos de gasto y de los límites de déficit y deuda para que vayan concretando sus presupuestos regionales.

Un inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera (que se prevé para la primera quincena de noviembre) echará a rodar la maquinaria de la reforma del sistema y empezará a perfilar los Presupuestos Generales de 2017, esenciales para las finanzas autonómicas.

Y tras ello, comenzarán reuniones bilaterales para ir profundizando en lo que fue uno de los objetivos perentorios de Rajoy durante el debate de investidura.

Descartada prácticamente la derogación de la Lomce

Otro de los asuntos esenciales que tendrá que abordar el Gobierno de Rajoy es la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE). La mayoría de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas ven con recelo una Ley que el líder del PP ha retocado incluso antes de jurar el cargo: el pasado jueves anunció que se suspendían los efectos académicos de las llamadas «reválidas», es decir, las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

Dichas pruebas quedarán en el limbo mientras los partidos negocien durante seis meses un acuerdo educativo -un gran pacto por la educación, que diría Rajoy-. Quien sea ministro o ministra de Educación tendrá que llenar la agenda de reuniones con los representantes políticos.

De hecho, en el Congreso se espera la tramitación de la suspensión del calendario de esta Ley, uno de los asuntos que escapó a los vetos que el Gobierno puso recientemente en el Congreso. Pero las agendas han de reservar incontables huecos para reuniones con los consejeros del ramo en las comunidades, en desacuerdo con la redacción de la Lomce.

Descartada prácticamente la derogación, el Gobierno tendrá que encontrar puntos de consenso con unas autonomías que han dejado clara su intención de no desarrollarla.

En esta legislatura -que Rajoy pretende que sea larga- el diálogo parece asegurado, aunque el tiempo dirá si da resultados.

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