El ex secretario general del PP de Galicia no reconoce las acusaciones en su contra
NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
El considerado número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado que en noviembre de 2008 le llegaron rumores de que «desde el despacho» del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se estaba organizando una operación contra el PP «con policías amigos y gente de confianza».
En su primer día de declaración ante el tribunal, el excargo del PP no ha reconocido las acusaciones en su contra a pesar de admitir que era «el responsable de las compañías» del cabecilla de la red, Francisco Correa.»¿Reconoce usted las acusaciones en su contra?», ha preguntado la fiscal Concepción Sabadell a lo que Crespo ha contestado: «No, en absoluto». «Era público y notorio que las sociedades eran del señor Correa», ha concretado poco después.
Asegura que nunca manejó la ‘caja B’ del grupo Correa
Crespo ha asegurado que nunca manejó la ‘caja B’ del grupo Correa porque «no tenía poder, ni disposición, ni poder de disposición» para ello y ha eximido de toda responsabilidad sobre el supuesto uso de fondos opacos al contable de la red José Luis Izquierdo, del que ha dicho que era un mero «administrativo», que no tenía estudios de contabilidad y que se dedicaba a anortarlo todo como un «amanuense».
El acusado sí ha reconocido que el entramado de empresas manejaba dinero en efectivo, que siempre «procedía de bancos», para el pago en efectivo de proveedores y servicios subcontratados para la organización de eventos. «No me consta que llegara dinero en efectivo desde otras vías», ha respondido a la fiscal que le interrogó por las supuestas entradas de dinero en efectivo procedente de mordidas.
Además, se ha desvinculado de las decisiones que se tomaban en las empresas del grupo y las ha atribuido a Correa, de cuyas órdenes él era un «mero transmisor», en línea con las declaraciones del presunto cabecilla quien le exculpó durante su interrogatorio de cualquier irregularidad cometida y destacó que es «oro molido».
Cuando Crespo empezó a trabajar para Correa en 2002, según ha explicado ante el tribunal, su experiencia como empresario era «nula», aunque sí tenía como «gestor» en el PP, no tenía ninguna experiencia empresarial por lo que la frecuencia en que pedía órdenes a Correa era «continua».
No reconoce las declaraciones prestadas ante la Policía
Ante el tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la red (1999 a 2005), Crespo ha explicado que desde 1994 prestó sus servicios para el PP, primero en un puesto técnico y después como secretario de Organización del partido en Galicia.
Crespo se ha sentado en la silla asignada a los acusados acompañado de abundante documentación, con varias carpetas y cuadernos que ha colocado en una mesa situada frente a él, y ha detallado, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, su formación. «Tengo COU y primero de Derecho», ha dicho.
Además, ha asegurado que no reconoce las declaraciones prestadas ante la Policía, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La primera de esas declaraciones no la reconoce porque la hizo «en condiciones infrahumanas en los calabozos de Moratalaz»; la segunda, según ha señalado, porque la hizo «con un abogado que estaba imputado» y la tercera porque se hizo «utilizando conversaciones que fueron grabadas no solo por el Ministerio fiscal sino por el instructor y sobre todo por los policías».
La Fiscalía pide 85 años de prisión
La Fiscalía constata en su escrito provisional de acusación que Crespo ejercía de «forma permanente» desde el año 2002, y de «manera esporádica y puntual» anteriormente, la gestión de las actividades empresariales de Correa, con el que, según el Ministerio Público, trató de enriquecerse ilícitamente a través adjudicaciones públicas contando con cargos públicos, y la supervisión de otros acusados del denominado ‘Grupo Correa’: el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela y la empleada Alicia Mínguez.
Por todo ello, la Fiscalía solicita para el excargo ‘popular’ 85 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude a las Administraciones Públicas, cohecho activo, falsedad, malversación de caudales públicos, malversación en concurso con delito de prevaricación, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales a las Administraciones.