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El XVII Aula de Derecho Parlamentario. ‘Los Modelos de Jurisdicción y Reforma Constitucional’

NAVARRAINFORMACION.ES

El Parlamento de Navarra ha celebrado hoy la XVII Aula de Derecho parlamentario, idea originaria de la Universidad de Navarra, Ángel Gómez Montoro, director del Aula de Derecho y exRector de la Universidad de Navarra, ha sido el encargado de introducir y contextualizar el coloquio

El Aula de Derecho Parlamentario es un instrumento al servicio de la comunidad universitaria, destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario.

Para desarrollar ese objetivo, el Aula organiza cada año jornadas y conferencias con ponentes de reconocido prestigio y un alto nivel científico.

El Aula es gestionada libremente por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, de la cual depende desde que fuera creada en 2002, fruto de un convenio con el Parlamento de Navarra.

En esta XVII convocatoria, la Presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez Igarza, ha abogado por la puesta en marcha una reforma constitucional que, con la Carta Magna como “garante del respeto a la ciudadanía”, ahonde en el ejercicio de una “democracia radical, capaz de proveer a la sociedad española de los cauces necesarios para abordar las distintas cuestiones que en función de sus aspiraciones plantee”.

El Aula de Derecho parlamentario dedicada a debatir en torno a los Modelos de Jurisdicción y Reforma Constitucional, ha contado, este año, con la presencia de Eduardo Torres Dulce, ex Fiscal General del Estado y Manuel Aragón Reyes, ex Magistrado del Tribunal Constitucional.

Aznárez ha instado a “preservar la independencia de la Justicia y combatir la corrupción para, salvaguardando el derecho a la vivienda, a la educación o a la sanidad”, hacer de la Constitución algo más que un texto formal.

Eduardo Torres Dulce, ex Fiscal General del Estado, y Manuel Aragón Reyes, ex Magistrado del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho Constitucional, han ofrecido sendas ponencias en torno a sus modelos de reforma constitucional, el primero desde el punto de vista del Ministerio Fiscal y el segundo desde la perspectiva del TC.

Contrarios a la reforma 

Eduardo Torres Dulce, exfiscal general del Estado, y Manuel Aragón, exmagistrado del Tribunal Constitucional, coinciden en que no se debe realizar una reforma de la Constitución sin contar con un amplio consenso, como ocurrió en 1978.

Eduardo Torres Dulce (i), Manuel Aragón, Reyes (d)
Eduardo Torres Dulce (i), Manuel Aragón, Reyes (d)

Texto

Eduardo Torres Dulce ha apuntado que «la reforma de cualquier constitución exige un muy amplio consenso» y ha argumentado que «si la Constitución de 1978 reflejó por primera vez en la historia constitucional de España un enorme consenso, creo que abordar cualquier reforma constitucional no se puede hacer ni desde un punto de vista partidario o partidista, ni desde un punto de vista ideologizado». En este sentido, ha destacado que la Constitución es «un marco de convivencia para todo el mundo».

En segundo lugar, el exfiscal general del Estado ha afirmado que «hay que saber qué se va a reformar y no abrir el debate de reforma constitucional sin saber exactamente hacia dónde se va. ¿Qué se puede reformar? Hay que sentarse y hablar de todos aquellos elementos de la Constitución que han podido quedar superados por el devenir de la vida, o aquellos que deben apuntalar más la convivencia, porque al fin y al cabo la Constitución es un marco de convivencia», ha añadido.

En todo caso, ha delegado en partidos políticos y sociedad civil el detalle de qué es lo que habría que reformar. «Los temas están encima de la mesa, requieren claridad, extraordinario consenso y reflexionar seriamente qué parte de la Constitución, porque nada es inalterable, puede mejorar la convivencia», ha indicado.

Por su parte, Manuel Aragón ha afirmado que «la reforma constitucional es una cosa muy seria por principio» y ha añadido que la Carta Magna «se puede reformar, faltaba más, pero hay que pensárselo mucho y saber exactamente qué hay que reformar, y sobre todo hacerlo muy bien. La Constitución puede mejorar en algunos aspectos, pero también hay que pensar que puede ir a peor», ha precisado.

A su juicio, lo que podría reformarse es «la parte relativa al Estado Autonómico, a la distribución de competencias y posiblemente a la financiación autonómica, para establecer unas reglas más seguras de financiación». También lo relacionado a la incorporación a Europa, «porque no tenemos nada más que un precepto de 1993 que no dice prácticamente nada que incorpore nuestra pertenencia a la Unión Europea a la propia Constitución».

A continuación, Manual Aragón ha dicho que la reforma requeriría de «un acuerdo entre las fuerzas políticas principales, sin eso no se puede hacer. Aunque se tuviera mayoría, no se debe hacer una reforma constitucional, porque la Constitución es de consenso. Fue aceptada prácticamente por todos los partidos políticos en 1978 y cualquier reforma debería ser también con ese amplio consenso», ha apuntado.

El exmagistrado también se ha referido a una posible reforma del Tribunal Constitucional, para señalar que «requiere de algunas modificaciones, como toda obra humana, pero más bien legales y de funcionamiento del tribunal, más que de reforma de la Constitución».

En todo caso, ha planteado que podría aprovecharse una reforma de la Carta Magna para «establecer que los magistrados tengan un mandato no vitalicio, sino hasta los 75 años, y desapareciera la renovación parcial cada tres años por cuatro magistrados, lo que eliminaría el problema de las cuotas entre partidos y sería mucho mejor para la independencia del tribunal, sobre todo para la apariencia que ante la gente hay de esas cosas, pero eso ya no es tan urgente como lo otro».

Sobre el caso concreto de los recursos que ha venido presentado el Estado contra leyes Navarras, y si cree que hay un «abuso» de estos recursos y una demora en la resolución, Manuel Aragón ha explicado que mientras ha sido magistrado del Tribunal no ha visto «nunca ningún abuso por recurrir. Unas veces se daba la razón al recurrente y otra veces no, pero había en todos los casos una fundamentación jurídica aceptable. Es lo normal en un Estado compuesto, siempre hay conflictos de competencia, pero no es un problema».

Sí ha reconocido que le «preocupa más el retraso» y ha apuntado que «el Tribunal está haciendo lo posible por eliminar la demora que tenía en los asuntos de pleno, de control de la ley y de conflicto de competencias. Cuando yo me marché del Tribunal en 2004 ya quedaba el retraso de pleno en cuatro años. Cuando yo llegué había asuntos de once años de antigüedad. Según me cuentan, parece que ya están entre tres y cuatro años. Creo que si hacen un esfuerzo grande pueden eliminar el atraso en un par de años», ha concluido.

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