Lo peor de la desaparición de la CAN no sólo es que la mala gestión la haya provocado, sino que, a la luz de los nuevos datos aportados tras una nueva sentencia judicial, se ve que hubo premeditación y alevosía en los actos, en las decisiones que se dieron entonces. Y ello es lo que más indigna.
Por lo que parece, según la judicatura, está probado que se obligó a firmar a una empresa, Incita, su separación del conglomerado de CAN, para evitar problemas en la fusión que esta entidad bancaria estaba realizando con Caixabank.
Obligar «a la fuerza» a hacer algo tiene premeditación y alevosía, porque sino no se obliga. Se estaría, por tanto, vox populi, haciendo presuntas prácticas mafiosas que dejan en muy mal lugar a los entonces gestores de la CAN. Gestores que eran políticos que estaban más preocupados, por lo visto, por cobrar dietas de asistencia a reuniones de media hora en las que no se debatía nada, salvo firmar actas, que en controlar o supervisar lo que estaba pasando.
Aunque, bueno, esto también tiene su premeditación y su alevosía.


