El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro migratorio del país y el de más de cinco millones de indocumentados que podrían evitar la deportación si la corte acepta mañana viernes considerar el caso de los decretos ejecutivos del presidente, Barack Obama, y falla a su favor.
Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está «roto», sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.
