El dictamen del Consejo de Estado que avala la impugnación por el Gobierno, ante el Tribunal Constitucional (TC) de la denominada resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP plantea que el órgano de garantías incluya tres puntos concretos en la providencia que previsiblemente dictará admitiendo a trámite el citado recurso. Entre ellos, que la providencia se notifique «bajo apercibimiento» a un total de 21 cargos electos y del gobierno de Cataluña.
En concreto, se propone pedir que el Tribunal Constitucional notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga «bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones» -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
Así, el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Pleno del tribunal de garantías sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a cada uno de los cuales se cita expresamente.
Relación de «apercibidos»
Además de los dos antes citados, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.
La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalidad y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; a consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.
La notificación debe extenderse, «en su caso a quienes resulten designados por el presidente de la Generalidad como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento Catalán».
Entiende el Consejo de Estado que debe solicitarse también al Tribunal Constitucional que la notificación se practique a todos ellos bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones, de acuerdo con previsto en el artículo 92.4b) de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), así como de «procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento».
Además, sugiere que se solicite al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlamento de Cataluña y al secretario general de esta cámara legislativa «la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (…) que directa o i indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida».
Incluyen en esta prohibición el anexo con los derechos sociales incluido el pasado viernes, y también que el presidente de la Generalidad o cualquier miembro de su Consejo de Gobierno promuevan iniciativa legislativa alguna, sea del rango que sea, con la misma finalidad.
9N: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ordena a los Mossos que actúen ante posibles delitos de sedición
9N: El Consejo de Estado ve en la resolución ‘una declarada insumisión a las instituciones’
Rajoy subraya que los soberanistas “no van a romper nada” ni lograrán su objetivo
El Gobierno actuará contra Forcadell en caso de aprobarse la secesión
JxSí y CUP amplían su resolución para “blindar derechos” ante impugnaciones del TC
Sánchez apoyará el recurso al TC del Gobierno si se aprueba la declaración
El Gobierno pedirá la suspensión de la moción soberanista en su recurso al TC
El Constitucional permitirá que el Parlamento catalán debata la moción independentista
Rajoy: ‘el Estado tiene instrumentos para evitar un disparate’
En la lista hay dos clamorosas ausencias: Romeva y Junqueras. Mira qué listos han estado, que han esquivado los puestos de responsabilidad. O qué cobardes, quién sabe…