El tribunal admite los recursos de C’s, PSC y PP pero no suspende el pleno
Argumenta que no se puede impedir un debate que no se ha producido aún. No obstante, asegura que tiene la «última palabra» y acturá con «determinación»
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la suspensión cautelar de la tramitación de la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento catalán, tal y como le solicitaba el recurso de amparo que el PP y Ciudadanos le plantearon ayer.
Fuentes del Constitucional han informado de que los magistrados están de acuerdo en el rechazo a esa pretensión, que supondría la suspensión del pleno que el Parlamento tiene previsto celebrar el lunes 9 de noviembre.
El pleno del Constitucional ha admitido este jueves por la mañana los recursos al apreciar que cumplen el requisito de «especial trascendencia constitucional» que exige la ley para su admisión «porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina» en este tribunal y porque el asunto planteado «trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales».
Este tribunal ha decidido asumir la competencia para tramitar los recursos, que han sido formulados concretamente contra los acuerdos adoptados contra dos tipos de resoluciones: los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán para admitir a trámite la propuesta de resolución y para rechazar las peticiones de reconsideración presentadas por Ciudadanos y el PSC; y la convocatoria y celebración de una Junta de Portavoces previa al pleno sin que el PP hubiera formado aún grupo parlamentario, para lo que tiene plazo hasta el viernes.
Arrimadas, Iceta y Albiol hablaron juntos, posaron juntos y registraron los escritos juntos, pero no pidieron exactamente lo mismo. El PSC se desmarcó del frente constitucionalista y no incluyó finalmente en su recurso la petición de que se suspendan los acuerdos que permitirían el pleno independentista.
En la práctica, la petición de esa medida cautelar es la única vía efectiva para que los recursos de amparo impidan aprobar el lunes la propuesta. A las puertas del TC, Iceta justificó la decisión diciendo que sus servicios jurídicos se lo desaconsejaron por tratarse de una solicitud excepcional que previsiblemente sería rechazada.
Quienes sí solicitaron la medida que hoy examina el TC son el PP yCiudadanos. En sus recursos argumentan que, aunque con el tiempo se les diera la razón en el fondo del asunto, la mera celebración del Pleno habría hecho perder el sentido al recurso: la vulneración de sus derechos como parlamentarios se habría producido y ya se habría aprobado la desconexión del orden constitucional español.
Por ese motivo sostienen que el TC debería acordar la suspensión de cuatro acuerdos de la Mesa de forma inmediata, sin necesidad de escuchar previamente la opinión de los afectados. Podría hacerlo, recuerdan, en la misma resolución en la que se acuerde admitir a trámite las demandas, puesto que a su juicio nos encontramos en la situación de «urgencia excepcional» prevista en la ley.
El TC, integrado actualmente por once magistrados tras el fallecimiento de Luis Ortega el pasado 15 de abril, tiene una clara mayoría conservadora al haber sido siete de sus magistrados -entre ellos su presidente Francisco Pérez de los Cobos- designados con un claro apoyo del PP frente al resto de miembros, tres de los cuales -Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-, se incardinan en la denominada ala progresista. A todos ellos se suma Encarnación Roca, propuesta por el Parlamento catalán en 2012 con el visto bueno de CiU.
El PSOE como siempre en su linea, sin valores, sin ideología, simplemente diciendo lo contrario de lo que dice «la malvada derecha», aunque haciéndolo de la razón a los separatistas. No me extraña que siga sin remontar. No se dan cuenta que los Españoles, seamos de izquierdas o de derechas, tenemos pensamientos en los que coincidimos 100%, como por ejemplo en la mano dura con los secesionistas.
Si al Tribunal Constitucional no le preocupa que pueda debatirse la fragmentación de España, tal vez sus magistrados no estén preparados para defender la Constitución.