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La Fiscalía solicita “no dañar” a Bankia 

La Fiscalía solicita “no dañar” a Bankia 
Rodrigo Rato y Miguel Blesa.
Rodrigo Rato y Miguel Blesa.

La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la Audiencia Nacional a extremar “la prudencia” para “no dañar” a Bankia porque su futuro, dependiendo del precio al que pueda vender el Estado su participación, “nos afecta también a todos”, incluidos los que compraron acciones en su salida a bolsa.

Así lo expone el fiscal Alejandro Luzón en el recurso de apelación contra el auto en el que el juez Andreu impuso a la entidad y su matriz, BFA, y a cuatro de sus exconsejeros una fianza de 800 millones por las supuestas irregularidades en su salida a bolsa.

Para Luzón, “no puede negarse” la existencia de “indicios de criminalidad”, pero quedan “todavía incertidumbres que habrían aconsejado demorar” esa medida hasta que la instrucción esté más avanzada.

Recrimina al juez que se haya apoyado exclusivamente en las “discutibles” conclusiones de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron sus cuentas, cuando ni siquiera “han sido capaces” de plasmarlas “en un solo texto”, una “singularidad” que ya “evidencia la dificultad de llegar a conclusiones unívocas”.

Luzón también pone en tela de juicio que no tuvieran en cuenta el “profundo empeoramiento” de la economía y las provisiones constituidas y no asignadas para hacer frente a deterioros adicionales futuros, y que eran suficientes para cubrir los ajustes que propusieron.

Otra de las principales críticas al auto del magistrado es que asegurara que la contrapericial encargada por Bankia al catedrático Leandro Cañibano no contradice las tesis de los peritos de que las cuentas no reflejaban su imagen fiel, cuando las conclusión del catedrático es exactamente la contraria.

Por otra parte, Anticorrupción no cree que el acceso, por parte de Bankia, al contenido de los correos “haya resultado excesivo o desproporcionado”, como sostiene Blesa, ya que se estaba investigando “posibles abusos” en las retribuciones de antiguos directivos de una entidad que, tras integrarse en Bankia, “ha requerido una importantísima provisión de fondos públicos”.

Con todo, insiste en que se trata de una medida “justificada, idónea y necesaria” para la investigación y considera que “la fiscalización del ordenador por la empresa años después de extinguida la relación laboral con el recurrente responde a un fin constitucionalmente legítimo”.

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