Que el Tribunal Constitucional diga que la consulta soberanista catalana es contraria a la Constitución lleva a la risa a más de uno. Cinco meses después, en año electoralísimo y con prisas porque sino caducaba el procedimiento, no son ni maneras ni formas de acabar judicialmente con este tema.
Se supone que este tribunal debe dictaminar con celeridad y rotundidad, sobre aquellas cuestiones de importancia para todos los españoles, y esta lo era, una consulta en la que se planteaba la desmembración de este pais.
En tiempos en los que estamos, el dinero de los ciudadanos, debe servir para actuar con eficacia, no para mantener a un órgano judicial político, lento e ineficaz.
