El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley Foral 30/2013, por la que se prohíbe en el territorio de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional
El artículo 1 a) de la Ley 30/2013 de la Comunidad foral prohíbe de forma absoluta en territorio de Navarra la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales en el supuesto de que haya de utilizarse la técnica de fractura hidráulica o ‘estimulación hidráulica».
Para el Gobierno, esta norma vulnera la normativa básica del Estado, recogida en el artículo 149.1 de la Constitución, ya que la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, en su artículo 3.2, relativo a competencias de las autoridades reguladoras, prevé que corresponde a la Administración General del Estado esta competencia.
En concreto, es el Estado el encargado de otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma, así como las concesiones y autorizaciones de exploración, concesiones, permisos de explotación y de investigación.
El Gobierno asegura que la ley foral constituye una invasión de las competencias estatales reflejadas en los artículos 3, 14, 15 y 25 de la citada ley de 1998, al vaciar de competencias al Estado en este punto.
Sobre este aspecto, indica que el carácter «transversal» de las competencias sobre medio ambiente «de ningún modo faculta a la comunidad autónoma para vaciar al Estado sus competencias para el otorgamiento de títulos habilitantes para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos».
El Ejecutivo nacional sostiene que «la ley estatal en absoluto ignora la protección ambiental» y el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental determinaba que «los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta Ley».
El Gobierno también recuerda la reciente sentencia del propio Constitucional en la que se anuló la prohibición de Cantabria al ‘fracking’. Ley cántabra que tenía un contenido que coincidía en lo sustancial con la Ley Foral 30/2013.
El Ejecutivo también ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca la suspensión de las disposiciones mencionadas de la ley navarra.
Qué es el «fracking» hidráulico
La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica es una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
Consiste en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, se gira el taladro 90º en sentido horizontal y se continúa perforando entre 1.000 y 3.000 metros de longitud. Se utilizada para liberar los hidrocarburos no convencionales, atrapados en rocas de muy baja permeabilidad, localizadas a gran profundidad. De ahí que la técnica sea una extracción horizontal, en ella se inyecta agua a presión, mezclada con arena y sustancias químicas, para fracturar la roca y permitir que el hidrocarburo se libere a través de las grietas.
Los hidrocarburos no convencionales son aquellos que no fluyen de forma espontánea de su yacimiento geológico a un pozo y a la superficie y necesitan de una técnica específica para ser extraidos.
Sobre el daño al medio ambiente hay división de opiniones. Los detractores de esta técnica argumentan que esta técnica tiene un impacto muy perjudicial porque con las sustancias químicas, la liberación de materiales radiactivos y la gran cantidad que agua que utiliza contamina los acuíferos y aumenta el peligro de la carestía de agua. Quienes viven cerca de los pozos, han desarrollado trastornos gastrointestinales, sinusitis o pérdida de sueño. Los partidarios de fomentar esta técnica explican que la fractura hidráulica toma las medidas de seguridad necesarias para aíslar los acuíferos y que las sustancias químicas solo suponen un 0,5% del fluido utilizado para fracturar la roca.
Otra polémica es la posibilidad de terremotos en las regiones donde se realiza esta técnica. Pero las empresas que realizan esta actividad aseguran que antes de llevar a cabo la fracturación, se analizan las características geológicas de la zona para garantizar la seguridad.
En España no se ha llegado a realizar ninguna prospección a través de «fracking». Todos los permisos concedidos son para explorar e investigar el potencial del subsuelo. El conflicto surge porque el Gobierno es partidario de explorar esta fórmula, en el caso de que haya yacimientos susceptibles de contener estos hidrocarburos y hay comunidades y colectivos que se oponen.
