El Gobierno mantiene la duda (o el secreto) de cómo regulará el estatus jurídico y administrativo de Su Majestad el Rey una vez se haga efectiva la abdicación, y tendrá que hacer coincidir la publicación en el BOE de la ley orgánica correspondiente con la sesión de las Cortes para proclamar a Felipe VI. No hay margen entre un acto y otro porque entraría en marcha el mecanismo de la regencia. La Constitución no admite plazos intermedios.
La ley que aprobarán las Cortes entre el pleno del Congreso del día 11 y el del Senado del día 17 tiene una única disposición final sobre su entrada en vigor, que será “en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. La misma mañana en que aparezca en el BOE, Don Juan Carlos dejará de ser el Rey. Por eso es imprescindible que a continuación se reúnan las Cámaras para que Don Felipe jure como nuevo monarca.
La Constitución no admite el vacío en la Corona. Incluso fija que en caso de quedar el Rey inhabilitado para ejercer su autoridad o que su imposibilidad fuere reconocida por las propias Cortes “entrará a ejercer la regencia el Príncipe heredero”. El Gobierno tendrá que recurrir a retrasar la publicación en el BOE de la ley orgánica si quiere jugar con una fecha posterior a ese día 18 previsto en el Congreso para proceder a la proclamación de Felipe VI.
El contenido del texto de la ley elaborado por el Gobierno ha dejado en evidencia a los nacionalistas y la extrema izquierda parlamentaria, deseosos de cuestionar la Monarquía. IU, CiU, PNV, los diputados nacionalistas de izquierda y algunos del PSOE plantean discusiones sobre la forma de Estado y disyuntivas de pronunciamiento político sobre la sucesión, cuando sobre lo único que van a votar, como representantes de la soberanía popular, es si se dan por enterados de que el Rey renuncia.
Las dos líneas con que el Ejecutivo lleva al Congreso la resolución del problema no dejan margen para ningún debate: “1. Su Majestad el Rey Juan Carlos I abdica la Corona de España” y “2. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica”.
Votar sí significa aceptar la decisión del Monarca, inclinarse por el no, lo contrario, y abstenerse no querer darse por enterado.
Pese al contenido de la ley, los portavoces de IU, PNV y Grupo Mixto han hecho como si no se hubieran leído el texto. En el Gobierno contaban con ello, pero les ha sorprendido algo más la posición y sobre todo el pretexto de desmarque del responsable del grupo parlamentario de CiU, Josep Antoni Durán y Lleida, partidario de abstenerse.
El portavoz de los nacionalistas se ha presentado como una víctima de las presiones de última de la pinza PP-PSOE (“ellos se lo guisan, ellos se lo comen”) y ha protestado porque ambos grupos no le pidieran hasta el martes pasado que se sumara al consenso sobre las dos líneas citadas.
En fuentes del Ejecutivo aseguran que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó personalmente a Duran del contenido del texto de la ley el mismo lunes por la tarde. El dirigente nacionalista estaba en Roma. Sáenz de Santamaría le explicó los planes del Ejecutivo y le leyó por teléfono el texto que iba a aprobar el Consejo de Ministros al día siguiente.
Duran juega con el pretexto del desprecio y la falta de información, cuando fue el primero en ser informado, y por la número dos del Gobierno, quien además ha llevado en persona la elaboración de la respuesta legal a la decisión de Don Juan Carlos de dejar el cargo.
Al leer lo aprobado, algunos diputados de CiU dieron por hecho que iban a votar a favor en el pleno del Congreso del próximo día 11, pero Artur Mas, de acuerdo con Durán, ha ordenado la abstención de sus congresistas. En fuentes parlamentarias insisten en que el “no” carece de sentido y la abstención decidida por los nacionalistas catalanes no deja de ser una forma de dar la nota para hablar después de su monotema (la consulta separatista) porque aducen que lo lógico, si quieren dejar claro que se desmarcan del acto institucional, sería ausentarse.
La ley orgánica saldrá adelante sin problema por la abrumadora mayoría de diputados que la van a apoyar (un mínimo de 303 sobre 350), pero no soluciona ninguna de las consecuencias jurídicas y administrativas que tendrá la abdicación para Don Juan Carlos. El Gobierno no ha querido entrar en la materia por esa vía y ahora se reserva la posibilidad de hacerlo por un real decreto, al menos según dice el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
