Alegan que la llamada «ley mordaza» vulnera varios derechos fundamentales
El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria y Compromís-Equo presentarán este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, en el que han participado varios colectivos, universidades y asociaciones de derechos humanos.
El recurso -al que no se han sumado CiU o PNV, pese a que también discrepan de la norma- se basa en que la llamada ‘ley mordaza’ vulnera los derechos a la dignidad e intimidad de las personas, el derecho a la información, a la tutela judicial efectiva, y el derecho de reunión y de manifestación.
Rechaza las «devoluciones en caliente», al entender que se establece un sistema de devolución de los extranjeros que entran ilegalmente en España absolutamente «arbitrario» y que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en la Constitución.
Los recurrentes alegan que esta devolución impide a los inmigrantes detenidos en frontera ejercer su derecho de defensa y el acceso a los tribunales para defender su permanencia en el país.
Como explicó el pasado martes el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, con las «devoluciones en caliente» los inmigrantes no puedan alegar el motivo de su entrada y, por tanto, se vulnera también su derecho a la petición de asilo, refugio o protección internacional.
Sucesora de la llamada «ley Corcuera» o de «la patada en la puerta» de 1992, la nueva norma prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.
Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.
Paralelamente tramitada con la reforma del Código Penal, la nueva ley asume lo que hasta el momento figuraban como faltas y se convierten ahora en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas con entre 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros).
EDITORIAL: Ley de Seguridad Ciudadana abierta
El PSOE recurrirá ante el TC la Ley “Mordaza” y la prisión permanente revisable
El PP aprueba la ley de seguridad ciudadana con toda la oposición en contra
Fernández Díaz no se siente presionado pero moderará la Ley de Seguridad
