El conflicto interno etíope ha adquirido ya las dimensiones de una guerra no declarada entre Etiopía y Eritrea.
Los enfrentamientos se concentran en la región de Tigray, donde los ejércitos de ambos países han protagonizado violentos combates a lo largo de la línea del frente entre Egela y Tsorona. Los primeros ataques se produjeron el 30 de octubre, cuando drones y unidades de artillería etíopes bombardearon posiciones eritreas cerca de la aldea de Qolo-Berdo. Los combates continuaron durante toda la jornada del 31 de octubre.
En la mañana del domingo 1 de noviembre, unidades de infantería de ambos ejércitos llegaron a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, las fuerzas de Tigray aseguran haber causado numerosas bajas entre las tropas gubernamentales etíopes durante los combates librados entre Ahferom y Bizet.
Adís Abeba acusa al ejército eritreo, con sede en Asmara, de haber penetrado en territorio etíope para apoyar a las fuerzas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (Tigray People’s Liberation Front, TPLF). Las alianzas han cambiado por completo respecto a la guerra de 2020, cuando las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (Ethiopian National Defense Forces, ENDF) combatieron contra el TPLF con el apoyo de las tropas eritreas. Ahora, en cambio, estas últimas parecen contar con el respaldo de los antiguos adversarios de entonces.
La entrada de las tropas eritreas en territorio etíope se habría producido el 7 de octubre, cuando cruzaron la frontera por Zelambesa y avanzaron hacia el corredor que conecta Adigrat con Idaga Hamus. El Gobierno etíope acusa a Egipto, Sudán y otras potencias, a las que no identifica, de estar detrás de la intervención de Eritrea.
Egipto mantiene desde hace años una disputa con Etiopía por la Gran Presa del Renacimiento Etíope. Sudán, por su parte, acusa a Adís Abeba de permitir que se instalen en territorio etíope bases desde las que operan los drones utilizados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en sus ataques contra Sudán (véase Fides, 5/5/2026). Jartum ha presentado una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ella sostiene que, desde febrero, se han lanzado desde territorio etíope 187 drones de ataque contra infraestructuras civiles y centrales eléctricas sudanesas.
El TPLF se ha incorporado a la Alianza de las Fuerzas Populares Etíopes para la Supervivencia (Ethiopian Peoples’ Forces Alliance for Survival, conocida también como Alliance for Survival o ASF), una coalición que pretende derrocar al Gobierno federal e instaurar una administración de transición. La alianza agrupa a movimientos armados de distintas regiones del país: desde el TPLF, en Tigray, al norte, hasta las milicias Fano de los amhara, pasando por el Ejército de Liberación Oromo y otras organizaciones armadas.
La guerra civil se extiende, por tanto, mucho más allá de Tigray. En Wuchale y Ambassel, en la región de Amhara, se han registrado intensos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales de la ENDF y las milicias Fano, que hasta hace poco habían sido sus aliadas.
También hay enfrentamientos entre fuerzas de distintas regiones del país. Desde el 18 de octubre se suceden los combates entre los estados regionales de Somalia y Oromia, especialmente en torno a la ciudad de Moyale, situada en la frontera con Kenia. Este último país ha acogido ya a más de 50.000 etíopes que han huido de la violencia.
Mientras tanto, Rusia se ha ofrecido a mediar entre Etiopía y Eritrea. La propuesta llega pese a que Moscú ha reforzado recientemente la fuerza aérea etíope con la entrega de doce cazabombarderos Su-35. Además, Rusia se ha mostrado dispuesta a suministrar cuatro baterías antiaéreas y antimisiles S-400. Son sistemas militares sofisticados, concebidos principalmente para hacer frente a ejércitos regulares y menos adecuados para operaciones contra fuerzas irregulares. AGENZIA FIDES

