Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI
FADEI: “Hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero falta una respuesta útil”
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), patronal del sector inmobiliario profesional en España, considera que el rechazo por el Congreso de los Diputados de los reales decretos-ley 26/2026 y 27/2026 “evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades”: protegido para quienes ya tienen contrato y cada vez más inaccesible para quienes todavía buscan vivienda. La organización advierte, no obstante, de que la votación no incrementa la oferta ni resuelve las dificultades de acceso y exige una alternativa inmediata.
FADEI había alertado de que la renovación automática, las indemnizaciones y las nuevas limitaciones convertirían cada contrato en una decisión percibida como difícilmente reversible. Esa inseguridad habría provocado menos viviendas disponibles, más ventas y requisitos económicos más estrictos para jóvenes, familias, autónomos y trabajadores con ingresos irregulares. La derogación evita añadir presión, pero deja intactos los problemas de fondo: escasez, lentitud urbanística, falta de vivienda asequible y ausencia de mecanismos eficaces para compartir el riesgo.
“Hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero todavía no se ha aprobado una respuesta útil”, afirma Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI. “El Gobierno y los grupos parlamentarios no deberían leer este resultado como otra batalla entre propietarios e inquilinos. Ambos necesitan más oferta, contratos seguros y reglas estables. Mañana debe comenzar la construcción de una política de vivienda que sume pisos y reparta los riesgos de forma equilibrada”, añade.
FADEI propone abrir una negociación para crear un aval público para el alquiler, vinculado al inquilino durante toda la vigencia del contrato, junto con incentivos fiscales automáticos a propietarios que ofrezcan rentas asequibles y cobertura pública específica para jóvenes y hogares vulnerables. También reclama una vía administrativa y judicial rápida para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento o finalización legítima, movilización de suelo público, licencias con plazos máximos y colaboración público-privada para construir vivienda destinada al alquiler.
La patronal reclama finalmente un Pacto de Estado por la Vivienda con objetivos anuales, evaluación pública y estabilidad regulatoria. “El rechazo de los decretos evita cerrar más el mercado, pero no abre todavía ninguna puerta. Si la política se limita a celebrar quién gana una votación, los ciudadanos seguirán perdiendo oportunidades de acceso. El éxito debe medirse por cuántas viviendas se incorporan y cuántas personas pueden firmar un contrato”, concluye Gómez Huecas.
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