Fachada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). EFE/Archivo
NAVARRA INFORMACIÓN
Magistrados del CGPJ piden un Pleno sobre la «sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017»
Ocho de los veinte magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado por escrito un Pleno extraordinario para tratar la «eventual amnistía» que el presidente del gobierno y partidos minoritarios quieren aplicar a los catalanes condenados por los «delitos comitidos el 1 de octubre». Con fecha del 31 de octubre, los magistrados niegan «la viabilidad de las amnistías en el marco de nuestra Constitución».
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 600.2 LOPJ y 35 ROF, los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Maria Ángeles Carmona Vergara solicitan la celebración de un Pleno extraordinario. «Dentro de los tres días siguientes a la presentación de esta solicitud», indican en su escrito al CGPJ.
El objeto es del «debate» al observar «con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado·
Los firmantes consideran «la declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional». El presidente en funciones rompió el silencio para asegurar «que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia (Puigdemon) que se beneficiará personalmente de la medida». Además -dijo- «la medida se adoptará en “interés de España” para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral».
Esta declaración de Pedro Sánchez alerta al CGPJ de «preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España».
Y es que -continúan los magistrados en su escrito- «en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el Presidente del Gobierno en funciones».
«Confundir el “interés de España” con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política», añaden. «Algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó», insisten los juristas.
Asimismo, precisan que la amnistía «supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución».
«Y no sólo es la Constitución española, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea», concluyen.
