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La Comisión propone nuevas normas de gobernanza económica

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La Comisión propone nuevas normas de gobernanza económica adecuadas para el futuro

La Comisión Europea (CE) ha presentado las propuestas legislativas para aplicar la reforma más completa de las normas de gobernanza económica de la UE desde el período que siguió a la crisis económica y financiera.

El objetivo es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros mediante reformas e inversiones y avanzar hacia una economía verde, digital, inclusiva y resiliente y haciendo que la UE sea más competitiva.

Según la Comisión, la reforma simplificará la gobernanza económica, mejorará la responsabilización nacional, hará mayor hincapié en el medio plazo y reforzará el cumplimiento, dentro de un marco común de la UE transparente.

Estados miembros presentarán planes

Los Estados miembros formularán y presentarán planes que establezcan sus objetivos de política fiscal, medidas para subsanar los desequilibrios macroeconómicos y reformas e inversiones prioritarias durante un período mínimo de cuatro años.

Estos planes los evaluará la Comisión y los aprobará el Consejo sobre la base de criterios comunes de la UE. Se pretende la integración de los objetivos de política fiscal, de reforma y de inversión en un único plan a medio plazo.

Reforzará la responsabilidad nacional ofreciendo a los Estados miembros para establecer sus propias sendas de ajuste fiscal y sus compromisos de reforma e inversión. Además los Estados miembros presentarán informes anuales de situación para facilitar un seguimiento y un control más eficaces del cumplimiento de esos compromisos.

El nuevo proceso de supervisión fiscal se integrará en el Semestre Europeo, presidido por el presidente de turno de cada estado miembro.Como marco central de coordinación de las políticas económicas y de empleo.

Los planes de los Estados miembros establecerán sus sendas de ajuste fiscal, que se formularán en términos de objetivos de gasto plurianuales como único indicador operativo para la supervisión fiscal, de manera que se simplificarán las normas en materia fiscal.

Si un Estado miembro tiene un déficit público superior al 3 % del PIB o una deuda pública superior al 60 % del PIB, la Comisión formulará una «trayectoria técnica» específica para ese país. Esta trayectoria tratará de garantizar que la deuda se sitúe en una senda a la baja verosímil o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se mantenga o se reduzca y se mantenga por debajo del 3 % del PIB a medio plazo.

En el caso de los Estados miembros con un déficit público inferior al 3 % del PIB y una deuda pública inferior al 60 % del PIB, la Comisión les facilitará información técnica para velar por que el déficit público se mantenga por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB también a medio plazo.

Se aplicarán salvaguardias comunes para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Los valores de referencia del 3 % y del 60 % del PIB para el déficit y la deuda se mantendrán sin cambios. La proporción entre la deuda pública y el PIB deberá ser menor al final del período cubierto por el plan que al inicio de dicho período, y deberá llevarse a cabo un ajuste fiscal mínimo del 0,5 % del PIB anual como valor de referencia siempre que el déficit se mantenga por encima del 3 % del PIB. Además, los Estados miembros que se acojan a un período de ajuste fiscal ampliado deberán velar por que el esfuerzo fiscal no se aplace a los últimos años del programa.

Las cláusulas de salvaguardia generales y específicas por país permitirán desviaciones de los objetivos de gasto en caso de grave recesión económica en la UE o en la zona del euro en su conjunto o de circunstancias excepcionales que escapen al control del Estado miembro y tengan grandes repercusiones en las finanzas públicas. El Consejo, previa recomendación de la Comisión, decidirá sobre la activación y desactivación de esas cláusulas.

Reformas e inversiones 

Las transiciones ecológica y digital, el fortalecimiento de la resiliencia económica y social y la necesidad de reforzar las capacidades de Europa en materia de seguridad exigirán inversiones públicas cuantiosas y sostenidas durante los próximos años. Para que los planes de reducción de la deuda sean creíbles, siguen siendo esenciales unas reformas que fomenten un crecimiento sostenible e inclusivo.

La interrelación positiva entre las reformas y la inversión ya está demostrando sus ventajas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Next Generation EU.

Control de cumplimiento eficaz

Se establece un régimen de control más estricto para velar por que cumplan los compromisos que asuman en sus planes de política fiscal de carácter estructural a medio plazo.

En el caso de los Estados miembros que atraviesen por graves dificultades en materia de deuda pública, las desviaciones de la senda de ajuste fiscal acordada se traducirán, por defecto, en la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

El incumplimiento de los compromisos de reforma e inversión que justifiquen una ampliación del período de ajuste fiscal podría dar lugar a una reducción del período de ajuste.

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