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El “pentapartito” modifica la Ley Foral por la que Ayerdi dimitió como investigado en el caso Davalor

NAVARRA INFORMACIÓN.ES

El “pentapartito” aprueba modificar la Ley Foral por la que Ayerdi tuvo que dimitir al ser investigado por la Justicia  en el caso Davalor

El “pentapartito” (PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E)  ha aprobado hoy en el Pleno del Parlamento de Navarra el acuerdo ya tomado por el Gobierno de Navarra de modificar la Ley Foral por la que cualquier alto cargo de la Administración Foral debe dimitir en el caso de ser investigado por la Justicia por corrupción o malversación.

El pasado enero de este 2021 el Tribunal Supremo abrió investigación al consejero Ayerdi por el caso Davalor tras ser  causa abierta  el pasado 14 de diciembre 2020  para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Motivo por el que ateniéndose al Artículo 68 de la Ley Foral, hoy modificada, el consejero tuvo que dimitir.

A solo 3 meses de esta dimisión Chivite y su gobierno acordaban modificar este artículo trasladando su aprobación al Parlamento de Navarra, donde los mismos partidos que forman, conforman y sustentan al Gobierno de Chivite han votado a favor.

Así pues, los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E ha quedado modificada la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre en su artículo 68. Navarra Suma, el partido mayoritario en votos y representación parlamentaria, ha votado en contra.

Una modificación, por tanto, impulsada por los mismos cinco partidos PSNGeroa Bai, BilduPodemos I-E.

Para dicha modificación alegan “problemas de interpretación” para vincular el cese o la renuncia al cargo a “un momento claro del proceso penal”, que en este caso se sitúa en la “apertura del juicio oral o la adopción de la medida cautelar de prisión provisional”.

Así con la nueva redacción del artículo 68 sitúan la obligación de renuncia voluntaria o cese en los tres días naturales siguientes a la notificación de apertura de juicio oral o adopción de la medida cautelar de prisión provisional “por la presunta comisión de alguno de los delitos contra la Administración Pública previstos en el Código Penal”. En ese instante se entiende que la continuidad del alto cargo o personal sujeto a libre designación afectado resulta “incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos”.

La obligación última de “preservar el prestigio de las instituciones” se deja en manos de la persona que efectuó el nombramiento, que será la encargada de consumar la destitución en el supuesto de que el aludido no presente su renuncia “de forma inmediata” una vez tenga constancia de su situación procesal.

En la exposición de motivos, esgrimen razones de “seguridad jurídica” y “confianza ciudadana” para  justificar un cambio. Que según estos partidos subsanan los “efectos negativos que con la anterior redacción se desplegaban sobre la persona en el momento en el que se le comunicaban sus derechos”.

Los cinco partidos, pues, han desdoblado el término de investigado (por la Justicia) en dos: investigado, que “identifica a la persona sometida a investigación por su relación con un delito” y encausado, “aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto”.

El Artículo 68, por el que Ayerdi tuvo que dimitir, y que hoy han modificado dicta así:

LEY FORAL 14/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE SU PRESIDENTA O PRESIDENTE

Artículo 68. Investigados por delitos de corrupción.

1. En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.

2. Así lo entenderá también en el caso de las y los altas y altos cargos sujetos a nombramiento de libre designación, quien tenga la potestad de relevarlo.

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