Portavoces de Geroa Bai, Bildu, PSN, Podemos e I-E en el Parlamento de Navarra.
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
Chivite y su gobierno formado y conformado por PSN, Geroa Bai, Podemos, I-E y la abstención-apoyo necesaria de Bildu, han modificado la Ley Foral que hizo dimitir al al consejero Ayerdi por el caso Davalor
El Ejecutivo foral que preside María Chivite ha adoptado un acuerdo, en su sesión de hoy, por el que manifiesta su conformidad a la modificación de la Ley Foral del Gobierno en lo referido a las renuncias de los altos cargos por causas judiciales. La nueva proposición de Ley foral plantea que la dimisión no se produzca en el momento de la investigación, sino cuando se abra juicio oral o se decrete prisión provisional.
En concreto, el acuerdo se refiere a una proposición de Ley foral para modificar el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de Presidenta o Presidente, propuesta por los grupos parlamentarios Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, la Agrupación de Parlamentarios Forales de Podemos Ahal Dugu Navarra, y el grupo parlamentario mixto-Izquierda Ezkerra.
El vigente artículo 68 de la Ley (denominado “Investigados por delitos de corrupción”), indica textualmente que “en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto establecimiento su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en el Código Penal, concretamente en los artículos 404 a 444 (delitos contra la Administración Pública) o 472 a 509 (delitos contra la Constitución), entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones. Así lo entenderá también en el caso de los altos cargos sujetos a nombramiento de libre designación, quien tenga la potestad de relevarlos”.
Ahora, se propone una nueva redacción de dicho artículo 68, bajo el título “Código de conducta en relación con delitos contra la Administración Pública”, que señala textualmente: “En el momento en que a un alto cargo o sujeto a nombramiento de libre designación se le notifique la apertura de juicio oral o la adopción de la medida cautelar de prisión provisional por la presunta comisión de alguno de los delitos contra la Administración Pública previstos en el Código Penal, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones, por lo que deberá presentar su renuncia al cargo”. En el caso de no presentarse dicha renuncia, “la persona que le nombró deberá cesarle en el plazo de tres días naturales”, continúa el texto.
