Barkos y Alzórriz, portavoces de Geroa Bai y PSN.
NAVARRA INFORMACIÓN.ES
Geroa Bai, PSN, Bildu, Podemos e I-E no apoyan rechazar la «ley Celaá» propuesto por Navarra Suma
La Junta de Portavoces ha rechazado una propuesta de declaración institucional por la que el Parlamento muestra su más absoluto rechazo a la nueva ley educativa, Ley Celaá, y pide la retirada de su tramitación en Cortes, presentada por Navarra Suma.
PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos han votado en contra; y Navarra Suma ha votado a favor. I-E se ha posicionado en contra de todos los puntos, salvo el número 3, que ha votado a favor.
La declaración institucional rechazada dice lo siguiente:
“El Parlamento de Navarra acuerda:
1.- Mostrar el más absoluto rechazo a la nueva ley educativa, Ley Celaá y pedir la retirada de su tramitación en las Cortes.
2.- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
3.- Instar al Gobierno a garantizar el derecho a recibir la enseñanza en español y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, a que el español tenga la consideración de lengua vehicular en todo el territorio nacional y a que las demás lenguas cooficiales lo tengan también en aquéllos.
4.- Instar al Gobierno a respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
5.- Instar al Gobierno a garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
6.- Apoyar la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma educativa porque vulnera derechos y libertades fundamentales consolidados hasta ahora en el estado social, democrático y de derecho que establece la Constitución Española.
7.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España y a la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados”.
