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Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en respuesta a las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha emitido un comunicado sobre la sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid que condena a la diputada regional Isabel Serra
El comunicado del CGPJ ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. El vocal Rafael Mozo ha votado en contra.
Un comunicado que Podemos, también en Twitter, ha rechazado por estar «caduco» y «al servicio de la derecha».
La Comisión Permanente del CGPJ afirma en el comunicado que «desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión», el CGPJ, «institución esencial en toda sociedad democrática», «no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia».
«Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes», continúan los jueces en el comunicado.
Ante el tono «ciertamente inapropiado utilizado por un responsable político por un responsable político de la alta posición de un vicepresidente del Gobierno», este Consejo, afirma, «se ve en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial, más aún cuando se trata de pronunciamientos de miembros del Gobierno de la Nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales».
El TSJ de Madrid la condenaba ayer por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, tras agredir a una agente de Policía Municipal. Tras la condena a la diputada de Podemos, de su partido, Iglesias Iglesias afirmó en Twitter que «las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Iglesias insistía en dichas críticas este jueves en rueda de prensa.
