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La posibilidad de que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebre antes de que acabe el año es cada vez más remota, una vez que no se espera que el informe de la Abogacía General del Estado sobre Oriol Junqueras, del que va a depender la abstención de ERC, se conozca antes de Navidad
Este martes y el miércoles, día de Navidad, son festivos a efectos de la administración de justicia, según recuerdan a EFE fuentes del Ejecutivo, lo que hace que los plazos para convocar un pleno de investidura antes del 30 de diciembre sean cada vez más apurados, y que parezca más factible que pueda ser en los primeros días de enero.
El escrito de la Abogacía del Estado —dependiente del Ministerio de Justicia—, sobre Junqueras, elemento clave de la negociación, ya se retrasó este lunes ante la presión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que exige que ese documento muestre un claro giro del Gobierno tras la reciente y polémica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) -que dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado-.
Marta Vilalta, portavoz de esta formación y una de las negociadoras, aseguró que el éxito de la investidura dependerá, en buena medida, del sentido del dictamen de la Abogacía del Estado sobre el cumplimiento de la sentencia.
No obstante, el Congreso ha habilitado de forma preventiva el 28, 29 y 30 de diciembre y ERC ha despejado su agenda ante una posible investidura, pero, si las alegaciones de la Abogacía General del Estado se conocen el 26 o el 27 es difícil que pueda convocarse el pleno con el plazo de 24 horas requerido para que Sánchez pueda ser investido antes de final de año.
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