Imagen del Pleno del Parlamento Foral de Navarra.
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, una resolución de G. Bai por la que la Cámara “rechaza el contenido de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada y aplicada por el Gobierno de Madrid el 12 de abril del 2012”
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Gobierno de Navarra a “adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más breve posible”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai subraya el carácter “recentralizador” de la Ley, por lo que supone de “ataque frontal a la autonomía y competencias de la Comunidad Foral”, y cuestiona su fondo economicista, pues “obliga a las administraciones públicas a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos, mientras la precarización y las desigualdades se disparan”.
En ese contexto y tras impugnar el sometimiento que dicha norma impone a las administraciones forales y locales se reclama su derogación para recuperar la capacidad de inversión y, con ella, el manejo de los recursos necesarios para “asegurar la cohesión social, apuntalar el tejido productivo, generar actividad económica tendente a reducir el desempleo y, en definitiva, ayudar a quienes peor lo están pasando”.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recoge tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad o equilibrio presupuestario, sostenibilidad financiera o límite de deuda y regla de gasto.
La Ley, entre otras cuestiones, señala que las Administraciones Públicas deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario y que dicho superávit se destinará a reducir el nivel de endeudamiento. Tras su modificación, se permite a las Administraciones que cumplan una serie de requisitos destinar una parte del superávit a inversiones financieramente sostenibles.
