Puigdemont en primer plano. EFE/EPA/Stephanie Lecocq/Archivo
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
La Fiscalía belga pedirá mañana martes al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación
Así pues la Fiscalía belga aboga por entregar a España al expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, fugado de España por los delitos cometidos de sedición y malversación, delitos que constan en la euroorden.
Según uno de sus abogados, el belga Simon Bekaert, este posicionamiento de la Fiscalía, en línea con la petición del Tribunal Supremo español, figura en alegaciones escritas ya presentadas ante la vista sobre la euroorden reactivada contra Puigdemont, convocada para este martes ante un tribunal de primera instancia en Bruselas.
Las partes -Fiscalía belga y defensa- han sido citadas este martes a partir de las 9:00 horas para la vista sobre la reactivación de la euroorden, en una audiencia a puerta cerrada en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas.
Ante esta situación,los abogados de Puigdemont prevén solicitar un aplazamiento de la vista, con el argumento de que apenas han tenido 24 horas, tiempo para estudiar el dossier y aludiendo a la complejidad del caso.
Y es que Fiscalía belga y defensa dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación. Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.
Tal y como dice Bekaert, el juez no tomará ninguna decisión sobre el fondo del asunto, sino que fijará una nueva fecha, “probablemente a primeros de diciembre”, para continuar la vista y que las partes puedan presentar sus alegatos.
La defensa de Puigdemont ya contuvo la extradición alegando que tenía inmunidad como eurodiputado pero, tras consultar con el Parlamento europeo, el juez instructor ha concluido que ya no gozaba de tal protección.
Además, el reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.
No obstante, según el ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen “razones serias” para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.
