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Más de 5.500 millones para comunidades y ayuntamientos en entregas a cuenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el que pagará a comunidades y ayuntamientos más de 5.500 millones de euros por entregas a cuenta de este año, cifra muy inferior a la que solicitaban

Este dinero, que llega en precampaña electoral, supone 4.682 millones de euros para las quince comunidades de régimen común (salvo País Vasco y Navarra) y 821 para las corporaciones locales. Cifras por debajo de las demandas de ambas administraciones que requerían al Gobierno, 5.100 millones en el caso de las autonomías y 1.202, los ayuntamientos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha considerado que esta medida “sienta precedente” y “muestra un camino” para que comunidades y consistorios “no vuelvan a ser víctimas” de un bloqueo presupuestario e institucional del Gobierno central.
El decreto, que deberá aprobarse en una Diputación Permanente, supone, en palabras de la ministra, “fortalecer” la autonomía financiera de las entidades territoriales y servirá de “orientación” para la próxima reforma del modelo de financiación autonómica.
Hacienda ha enmarcada la decisión adoptada hoy en la “urgente necesidad” de que las comunidades sigan prestando los servicios públicos y en la constatación de que no se condiciona la actividad presupuestaria del próximo Gobierno que, en todo caso, se formaría en 2020, al margen de los presupuestos de 2019.
Montero ha insistido en que es la primera vez que se actualizan las entregas a cuenta con un Gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados.
La ministra ha recordado que, inicialmente, un informe de la Abogacía del Estado, había cuestionado la actualización de las entregas por estar el Ejecutivo en funciones.
Aún así y según la titular de Hacienda, el Gobierno trabajó en hallar una fórmula legal que permitiera que los recursos llegarán a las arcas autonómicas y locales.
Esta fórmula, según expertos consultados por Efe, ya existe y es el artículo 21 de la Ley del Gobierno. Según este artículo, un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando “despachos ordinarios de asuntos públicos” y aquí los expertos entienden que se incluye el reparto de las cantidades presupuestadas para que los servicios públicos fundamentales, en manos de las autonomías, sigan funcionando.
Montero ha dejado claro que no ha habido discrepancias entre los técnicos de Hacienda y la Abogacía del Estado para hallar esa fórmula y ha negado que el Gobierno haya “torcido o manoseado” a los funcionarios para que elaborarán un dictamen acorde con las pretensiones del Ministerio.
“El Gobierno no ha cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta” ha afirmado la ministra que ha recordado que desde el primer informe buscaban una solución para pagar antes de fin de año y demostrar que las entregas no afectaban a un Gobierno entrante ni a unos presupuestos para 2019, “circunstancia que dejó despejada la nueva convocatoria electoral”.
En la rueda de prensa, la ministra también ha ofrecido los ingresos totales que por financiación autonómica y local recibirán comunidades y ayuntamientos este año.
En concreto, las comunidades ingresarán 102.800 millones de euros, un 7,15 por ciento más que el año anterior mientras que la financiación local se elevará a 18.879 millones, un 4,6 por ciento más. EFE

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