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El Banco de España alerta sobre la drástica subida del SMI porque dañará a los sectores más vulnerables

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insta a emprender reformas y advierte del efecto de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado hoy a aprovechar el crecimiento económico para abordar las reformas estructurales pendientes y avanzar en la consolidación fiscal, al tiempo que ha advertido del posible efecto negativo en el empleo de subir el salario mínimo.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados desde su nombramiento el pasado mes de julio, el gobernador ha abordado el efecto de las subidas del salario mínimo en el empleo, en particular entre los colectivos más vulnerables, cuya probabilidad de perder el trabajo aumentó con los anteriores repuntes.

Hernández de Cos ha señalado que, si se extrapolara el efecto de las últimas subidas a la prevista para el próximo año, a 900 euros mensuales, supondría una pérdida del 0,8 % del empleo.

En su intervención, el gobernador ha instado a aprovechar el momento de expansión económica, pese a la desaceleración, para «realizar las reformas necesarias», en particular en materia de pensiones y crecimiento del PIB a medio y largo plazo.

También ha abogado por avanzar «con prontitud y determinación» en la consolidación fiscal, ya que el mantenimiento de un nivel de endeudamiento público elevado puede afectar al crecimiento.

En ese sentido, ha puesto el foco en la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, después de que las últimas medidas adoptadas en esta materia hayan relajado los mecanismos de equilibrio de las reformas de 2011 y 2013.

El Banco de España calcula que revalorizar las pensiones conforme al IPC supondría un aumento del gasto público de tres puntos porcentuales de PIB en 2050 con respecto a si se usara el índice de revalorización, por lo que serían necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Ha calificado de «imprescindible» la puesta en marcha de un paquete integral de medidas para abordar el envejecimiento poblacional, que no solo afecta a las pensiones sino también a la tasa de actividad, la productividad y el crecimiento.

El desempleo «sigue siendo muy elevado», ha advertido, y adolece de una segmentación que lastra la productividad y aumenta la desigualdad, por lo que plantea impulsar políticas activas de empleo y alinear los salarios de cada empresa con su productividad, al tiempo que sitúa como prioridad adaptar la formación a los retos de la globalización.

Entre los riesgos que tendrá que afrontar la economía española figuran la normalización de las políticas monetarias -se estima que entre 2014 y 2018 las medidas del Banco Central Europeo han impulsado el PIB real en un 2,3 % y la inflación, en un 1,4 %-, el brexit o la situación política en Italia.

Junto a esto, ha aludido a la fragmentación parlamentaria y un «hipotético» repunte de la incertidumbre en Cataluña.

En materia bancaria, Hernández de Cos ha asegurado que la institución cumplirá con su mandato supervisor sin «ningún tipo de captura» por parte de las entidades, como denunció un miembro de la inspección, y ha insistido en que bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) la supervisión sigue siendo «igual de rigurosa o incluso más».

Respecto a la polémica sobre el pago del impuesto por la firma de las hipotecas, ha considerado «fundamental» preservar la seguridad jurídica, al tiempo que ha confiado en que la banca española logrará «resultados positivos» en los test de estrés que se publicarán el viernes.

El Banco de España mantiene como desafío del sector financiero recuperar la rentabilidad, especialmente del negocio en España, compensado con una actividad en el extranjero que «no está exenta» de retos, especialmente en estos momentos en Turquía y Argentina.

A nivel europeo, Hernández de Cos ha considerado que el Eurogrupo debería completar la Unión Económica y Monetaria y ha abogado por definir una hoja de ruta hacia la creación de un sistema de garantía de depósitos europeo con suficiente respaldo fiscal mutualizado. EFE

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