El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. Efe
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido hoy que las ayudas sociolaborales que dio la Junta investigadas en el caso ERE eran «absolutamente iguales» a las que concedía el Estado al amparo de la orden de 1995 de ayudas extraordinarias para trabajadores por reestructuración de empresas.
A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, Fernández ha defendido que las ayudas investigadas contaban con «fondo normativo suficiente» y en concreto las ayudas a trabajadores afectados por ERE ha asegurado que eran «iguales» a las que daba el Estado en base a la orden de 1995 en cuanto a su naturaleza, las personas legitimadas para recibirlas, la discrecionalidad, la ausencia de publicidad y concurrencia, siendo la única diferencia que los fondos eran de la Junta en vez del Estado.
De hecho ha defendido que la citada orden estatal era «aplicable en Andalucía sin ningún tipo de duda» y ha alegado que cuando en 2012, tras estallar el caso judicial, la Junta elaboró un Decreto para regularlas el mismo «actualiza» y «aclara» el marco jurídico de las ayudas pero «no invalida» las dadas hasta entonces.
«Las refrendó, las asumió, las pagó y las sigue pagando», ha subrayado.
Fernández declara por sexto día en el juicio de la pieza política de caso ERE donde es procesado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves-, por crear o mantener un «procedimiento específico» por el que entre 2001 y 2011 el Gobierno andaluz repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación durante su etapa como viceconsejero de Empleo (2000-2004) y consejero (2004-2010).
En su defensa de la similitud de las ayudas de la Junta con las del Estado, ha insistido en que desde el Gobierno «nunca se nos ha cuestionado» cómo se daban en Andalucía y en «muchos» han sido cofinanciadas por ambas administraciones, como las destinadas a los trabajadores afectados por las crisis de la minería onubense.
Su abogado ha exhibido los convenios sobre las mismas con las firmas de los exdelegados del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y Juan Ignacio Zoido, hoy ministro de Interior y quien en su día se personó como acusación popular en el caso en nombre del PP-A.
Según Fernández, de los 6.300 trabajadores andaluces que se beneficiaron de esas ayudas, alrededor de 800 recibieron pólizas de rentas de prejubilación cofinanciadas por la Junta y el Estado.
En un momento del interrogatorio su letrado le ha preguntado por los conocidos como «intrusos», personas que recibieron ayudas a la prejubilación en ERE de empresas para las que nunca trabajaron, pero Fernández ha reducido a un máximo de «15 o 20» las personas que la propia Junta, tras revisar las ayudas, considera que realmente no tenían derecho a las mismas.
Ante las acusaciones de que el sistema buscaba eludir controles, el exconsejero ha defendido que «en una administración como la Junta de Andalucía es imposible» pensar que se puede crear «un procedimiento para engañar» ya que toda iniciativa «deja huella» y participan «un conjunto de funcionarios».
«Me duele en lo personal, en lo colectivo y es no conocer una administración como la Junta de Andalucía», ha recalcado ante preguntas directas de su abogado sobre la finalidad del convenio marco suscrito en 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste pagar las ayudas con dinero que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para evitar la fiscalización previa.
Fernández ha defendido que esa fórmula ya se usaba desde 1999 y que aunque el convenio de 2001 tenía vigencia inicial hasta 2003, se prorrogó «tácitamente» desde que en 2002 se menciona en la Ley de Presupuestos al explicar los objetivos del programa de ayudas.
La mención al convenio en las cuentas anuales de la Junta ha servido al exconsejero para subrayar que el programa de ayudas y cómo se pagaban era conocido por «todos los agentes políticos, sociales y económicos» y en concreto por los parlamentarios de todos los grupos que debatían y aprobaban cada presupuesto.
Ha defendido que los diputados «no son engañables» y «menos aún el conjunto de asesores» que tienen y que en el Parlamento «nunca se ha cuestionado ni criticado» este programa de ayudas para el que incluso pedían «más importe y más ayudas porque eran insuficientes».
Fernández seguirá respondiendo mañana a su abogado por lo que el interrogatorio a Griñán no comenzará hasta el miércoles y la previsión es que Chaves no declare hasta el próximo lunes. EFE
