¿Sé imaginan ustedes un proceso electoral en el que una parte de sus candidatos, e incluso, un candidato a la presidencia del Gobierno, estuvieran en la cárcel?
En las elecciones catalanas del próximo día 21 de diciembre puede ocurrir. Si prospera el deseo del cesado presidente de Cataluña Puigdemont, el grupo independentista pudiera ser encabezado por el expresidente catalán. El victimismo entonces alcanzaría cotas muy alarmantes y pudiera darse el caso, que precisamente por dicho motivo, los resultados favorecerían otra vez al independentismo catalán, con lo que estaríamos, de nuevo, ante el problema catalán. Pero no, porque ya vendría la reforma constitucional.
El Gobierno pretende, con las elecciones, que Cataluña vuelva a la normalidad y a la estabilidad política. Si los resultados no le son favorables, estaría de nuevo “a los pies de los caballos”: del independentismo.
Lo que el Gobierno no puede es confiar en que la situación se resuelva por sí sola. Permitir que encarcelados puedan presentarse a unas elecciones, implícitamente suena a validación de un proceso. Proceso en el que el gobierno de España tiene mucho que perder y poco que ganar.
Los ciudadanos se preguntan para qué sirve en la actualidad la Ley de Partidos Políticos. En el pasado sirvió para acogotar a Eta y a sus seguidores. Los partidos independentistas catalanes merecerían su ilegalización. Son innumerables los hechos por los que podrían ser ilegalizados. Si no hay voluntad gubernamental poco se puede hacer. Así nos vá.