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En lo que llevamos de desarrollo de la nueva Ley Foral del derecho a la Inclusión Social y Renta Garantizada, los datos de gestión se están ajustando a las previsiones realizadas por el Gobierno en el momento de su aprobación
Se esperaba una inversión adicional de recursos del 12% y un aumento de cobertura de las familias de un 10%, siempre con una horquilla en función de factores como la evolución del desempleo y de la cobertura por desempleo estatal.
Cabe reseñar que de los 92 millones presupuestados en sendas partidas presupuestarias para el año 2017, se espera que al finalizar el año exista un desvío en torno al 5%, muy inferior a los años anteriores. En el año 2011 se produjo un desvío del 23%, en el 2013 del 22%, en el 2013 del 30% y en el 2014 del 41%, por poner algunos ejemplos.
En cuanto a los datos de gestión presupuestaria, es preciso recordar que resulta necesario diferenciar el presupuesto comprometido del presupuesto ejecutado. Cuando a una familia se le concede una renta garantizada, el compromiso que se realiza es para un año, sin embargo, los pagos se realizan mes a mes. Igualmente, cabe señalar que con las actuales previsiones, hasta el momento el compromiso de gasto realizado se ha podido afrontar con las disponibilidades presupuestarias más aquellas partidas sobrantes consecuencia de contratos cuyo precio o periodo de adjudicación ha sido menor, es decir, en ningún momento la renta garantizada supone ninguna merma en otros servicios del departamento de Derechos Sociales. De hecho, en aspectos como la dependencia, se ha aumentado hasta ahora un 32% las personas atendidas, se han duplicado las plazas en centros de día, y se han concertado 33 nuevas plazas residenciales de un total de 72 previstas para este año que se concretarán en los próximos meses.
Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales, se ha realizado una “valoración muy positiva de la marcha de la nueva Ley, en la medida en que está garantizado a más familias sin recursos unos ingresos mínimos para poder desarrollar una vida digna, atendiendo en estos momentos a más de 12.000 familias al mes con más de 10.000 menores a su cargo.” Además, el refuerzo de los estímulos al empleo y el empleo protegido, está logrando mayores niveles de inserción laboral de estas familias, clave para su plena inclusión social y laboral.
Finalmente, es preciso señalar la profunda preocupación del Gobierno con la evolución de la cobertura por prestaciones por desempleo en Navarra responsabilidad el Gobierno de España. Entre el año 2012 y 2016, ha destinado 213 millones anuales menos a prestaciones por desempleo en Navarra, lo que aboca a miles de personas en paro, a tener que recurrir a la renta garantizada como último recurso para poder atender las necesidades más básicas de sus familias. Además, para este año 2017 el Gobierno Central ha recortado del presupuesto para prestaciones por desempleo 1.500 millones, lo que se puede traducir entre 15 y 20 millones menos para las personas paradas de Navarra.
UPN denuncia que el Gobierno ha gastado ya lo presupuestado para todo el año en la Renta Garantizada
