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El Ayuntamiento de Pamplona interpondrá este viernes, 17 de marzo, una querella ante el juzgado de instrucción de Pamplona en la que solicita la investigación de hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil de 1936 y el franquismo en la ciudad
Según informa el Ayuntamiento, la querella, que plasma los compromisos adquiridos por el Consistorio a lo largo de los últimos meses, se centrará en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se adhieren personalmente a la denuncia que, por tanto, no será únicamente del Ayuntamiento, sino que será compartida.
Ésta será la primera querella que se presentará a nivel estatal en la que se solicita investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en una ciudad durante el franquismo, tal y como han explicado esta mañana en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que ha comparecido junto al director de la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona, Emilio Majuelo, y la abogada, Lourdes Etxeberria.
El informe además de asesinatos, muertes en cautividad, desplazamientos y encierros (que en conjunto suman un 85,58% de los casos comprobados), contabilizaba también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas.
La interposición de esta denuncia viene a cumplir también con lo acordado en el Pleno del pasado 1 de diciembre en el que se aprobó “interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona”.
Pamplona impulsora de las querellas a nivel estatal
El Ayuntamiento de Pamplona organizó en octubre del año pasado una jornada para impulsar las querellas contra los crímenes del franquismo a la que acudieron representantes municipales de los consistorios de Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Vitoria, Cádiz y Rivas. En ella se constituyó la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria. Esta red fue presentada el mes pasado en Madrid dentro del acto ‘Ciudades por la justicia y la memoria’, un encuentro organizado por CEAQUA (Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina).
En una decisión tomada durante el encuentro de municipios de octubre, y para compartir su experiencia, el Consistorio de Pamplona ha creado una unidad de Red para que todos los ayuntamientos asociados puedan compartir información, documentos y metodología de trabajo, de cara a la presentación de querellas criminales. La red está abierta a la adhesión de otros pueblos y ciudades y no se basa “en afán de revancha alguna, sino en la exigencia humana de Verdad, Justicia y Reparación, algo reclamado durante mucho tiempo por la ciudadanía a la que nos debemos”.
Nombres y apellidos de las 17 personas recogidas en la querella
- Florencio Alfaro Zabalegui
- Gregorio Angulo Martinena
- Juan Elías Antón Murguiondo
- Martín Arbizu Goñi
- Pedro Belloso García
- Gloria Bosque Ezquer
- José Luis Cano Pérez
- Corpus Dorronsoro Arteta
- Victorino García Enciso
- Moisés Garjón Arostegui
- Julián Carlos Goñi Ziganda
- José Roa García
- Mariano Sáez Morilla
- Tomás Salinas Beorlegui
- Ángel Sanz Montero
- Amadeo Urla Aramburu
- Javier Urroz Domínguez
Los cuatro casos que se suman a la querella
- Gloria Bosque Ezquer (en nombre propio)
- Moisés Garjón Arostegui (se suman sus familiares)
- José Roa García (se suman sus familiares)
- Ángel Sanz Montero (en nombre propio)
Instrumentos internacionales que fundamentan la querella
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada mediante Resolución 260 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. (Artículos IV y VI)
- Convenios de Ginebra de 12 agosto de 1.949 y sus protocolos adicionales (artículo 49).
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aprobada mediante Resolución 39/46 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984 (Artículos 4 y 12).
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por Resolución 61/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de enero de 2007 (artículos 7.1, 10.1 y 12.2).
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Resolución 2200 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966 (Artículo 2.3).
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