Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Constitucional ha suspendido, aunque sea de forma cautelar, la resolución del Parlamento de Cataluña que prevé un referéndum soberanista para 2017. El problema viene dado porque, y como ya se anticipó en este periódico, los partidos independentistas catalanes no tienen intención alguna de acatar dicho mandato. Las declaraciones ayer mismo del diputado independentista catalán Homs, no dejaban lugar a la duda respecto de sus intenciones.
A pesar del espíritu de diálogo de la vicepresidenta del gobierno Sáenz de Santamaría, por el que parece que el gobierno está dispuesto a conceder todo al independentismo. Los mismos independentistas se mofaban de las declaraciones de la señora Santamaría; los independentistas guillotinaban fotos del rey; los independentistas abrían sus ayuntamientos el día de la Constitución; los independentistas en suma desafiaban y desafían, una y otra vez, al gobierno de España y a sus ciudadanos.
Y eso que la Carta Magna o Constitución española, establece de forma, muy clara, cuál es la forma de actuar ante estos desafíos independentistas. Los independentistas, no obstante, saben que el gobierno no va aplicar el mandato constitucional, de ahí sus actitudes meridianas ante la independencia de Cataluña.
Y es que “no hay más ciego que el que no quiere ver”, diría el refrán. La creencia de sentirse impune ha provocado que el independentismo se crea que puede triunfar y que el diálogo sea ineficaz en estos momentos. El gobierno debería darse cuenta de ello y no asumir como inevitables estos postulados.
