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El Parlamento de Navarra rechaza la enmienda a la totalidad de UPN a la Renta Garantizada

El Parlamento de Navarra rechaza la enmienda a la totalidad de UPN a la Renta Garantizada

NAVARRAINFORMACION.ES

El Parlamento de Navarra ha rechazado la enmienda a la totalidad de UPN a la nueva Ley de Renta Garantizada, a la que se han presentado también 89 enmiendas parciales (54 UPN, 17 PSN y 18 PPN)

El Pleno del Parlamento ha rechazado la enmienda a la totalidad de UPN,  con los votos en de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la abstención de PPN y el voto a favor de UPN.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha defendido este jueves en el Parlamento de Navarra la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por su grupo parlamentario al proyecto de Ley Foral por el que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada.

Esparza ha contrapuesto el modelo que recoge el proyecto del Gobierno navarro, “en el que la prestación económica tiene por finalidad únicamente elevar los ingresos de las personas hasta cubrir sus necesidades básicas, y no la inserción social”, al que defiende UPN, donde “el derecho a la inclusión y el derecho a la renta de inclusión están íntimamente relacionados” y en el que “una persona o familia con derecho a la renta de inclusión social tiene el derecho y el deber de ser protagonista de su propio proceso de inclusión social y laboral desde el primer momento”.

UPN ha manifestado que son motivos de “filosofía y modelo” los que presenta para la devolución de un proyecto que “diluye las responsabilidades generales de toda persona para con la comunidad”.

En su enmienda a la totalidad con texto alternativo, UPN ha propuesto recuperar y someter a revisión el Acuerdo de Incorporación Social o Socio-Laboral, para conseguir que esta herramienta “funcione y favorezca la inserción”, al entender que la solución a la pobreza no pasa tanto por aumentar las cuantías de la prestación como por “facilitar la consecución de un empleo digno”.

Ha manifestado también la necesidad de realizar un codiagnóstico que incluya un análisis de empleabilidad y un itinerario de inclusión social o sociolaboral personalizado, reforzando los servicios sociales, también con profesionales vinculados al Servicio Navarro de Empleo. La finalidad para los regionalistas es que se creen equipos de referencia que trabajen de manera coordinada con las entidades locales y de iniciativa social, reforzándose así el principio de colaboración público/privado.

Además para UPN, el Acuerdo de Incorporación Social o Socio-Laboral deberá contener necesariamente, alguna de las prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, “pudiendo contener también, en función de la disponibilidad presupuestaria, prestaciones no garantizadas”.

Ante esto, y marcando la filosofía por la que se muestra contrario, UPN entiende que el sujeto del Derecho “debe seguir siendo la unidad familiar” y que “no puede perderse la referenciación de las cuantías de la Renta de Inclusión Social (RIS) al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. En ese sentido, defiende que “no debe empeorarse la situación vital de las personas cuya unidad familiar es de un solo miembro y que deben mantenerse para el resto (salvo para las de 6 o más miembros), por estimarse “adecuadas y entre las más altas del Estado”. Además, considera que “no debe incrementarse el máximo previsto desde 1999 de 1,5 rentas en un mismo domicilio”.

El proyecto de Ley que UPN ha presentado destaca la extensión de la Renta Garantizada a todas las personas sin residencia legal en determinadas situaciones (menores a su cargo, miembros con discapacidad, pérdida de residencia); mantenimiento de la Renta a personas de 18 años, también en ciertos supuestos; ampliación de la cobertura a mayores de 65 años; ampliación de cuantías a unidades familiares de más de 5 miembros; establecimiento de estímulos de empleo; y eliminación del tope máximo de 36 meses de prestación.

El portavoz parlamentario de UPN ha hecho referencia a una disposición adicional por la que se impone al Gobierno destinar anualmente una cuantía económica para modernizar y simplificar el procedimiento de solicitud de renta de inclusión, ya que esta simplificación permitirá a los profesionales reducir el papeleo y los trámites burocráticos para centrarse en el seguimiento y acompañamiento de las personas”.

La Ley de Renta Garantizada incluye a más de una unidad familiar con un mismo domicilio

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