El exalcalde de Barcelona Xavier Trias durante un pleno extraordinario.
A finales de 2014 el Ayuntamiento acordó con los propietarios del local pagar unos 5.500 euros mensuales para evitar el desalojo durante un año
La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias por un supuesto delito demalversación de fondos públicos en conocer, a través de los medios de comunicación, que durante un año el Ayuntamiento pagó el alquiler del llamado ‘Banc Expropiat ’ del barrio de Gràcia mientras estaba‘okupado’. Así, el consistorio suscribió a finales del 2014 un contrato de alquiler con la empresa propietaria, Antártico Vintage, de Manuel Bravo Solano, y le pagó 65.500 euros por un año de alquiler, para evitar el desalojo de los okupas que se habían establecido en la antigua sucursal de CatalunyaCaixa en 2011.
El pago del alquiler se hizo mes a mes, hasta que expiró el contrato a finales de 2015, cuando el nuevo equipo de gobierno decidió no renovar el contrato, lo que ha provocado ahora el desalojo y posteriores disturbios en el barrio.
Así, la fiscal provincial jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha ordenado a la policía española que investigue los hechos. Ahora tiene seis meses para decidir si lo lleva a un juzgado.
El PP cree que puede haber mala praxis municipal
El presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona,Alberto Fernández, considera que puede haber “responsabilidades legales y mala praxis” en actuaciones del actual Ayuntamiento de Barcelona con respecto a seis edificios o locales ocupados.
Fernández ha anunciado que denunciará en la oficina de transparencia y buenas prácticas la política y las actuaciones del ayuntamiento con los seislocales ocupados de manera ilegal (Can Vies en Sants; Transformadors en el Eixample; Banco Expropiado en Gràcia; Sant Bernat en Ciutat Vella; Hort de la Vila en Sarrià y calle Segre en Sant Andreu).
En un comunicado, el líder del PP ha denunciado que desde el ayuntamiento se consienten actividades, fiestas y obras sin licencia municipal ni cobro de tasas. Fernández ha afirmado que entre las malas praxis se podría dar el hecho de que “el ayuntamiento no haya atendido denuncias de los vecinos por molestias, no haya abierto expedientes administrativos o no haya impuesto sanciones por la realización de actividades como fiestas, conciertos o bares sin permiso de actividad económica, ni pago de tasas o la ejecución de obras sin licencia como en Can Vies y Hort de la Vila, incluyendo en este último caso una posible entrega de llaves de los pisos a los okupas por parte del propio ayuntamiento”.
