El protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas que aprobó el Gobierno el pasado noviembre ha entrado en vigor este miércoles 30 de diciembre
El protocolo quedó establecido a raíz del caso de la excomandante Zaida Cantera, hoy diputada electa por el PSOE y ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las Fuerzas Armadas contarán con una unidad especial, independiente de la cadena de mando, destinada a canalizar las denuncias por acoso sexual y también a ofrecer asesoramiento y ayuda a las víctimas. Cada Ejército tendrá su propia Unidad de Protección frente al Acoso (UPA), que deberá informar a los mandos de todos los casos.
Según el Ejecutivo, se trata de «garantizar una mejor investigación» en los posibles casos. Pero además, la UPA servirá como canal de asesoramiento e información, de protección de la víctima a través de una labor de asistencia, apoyo, control y seguimiento.
El protocolo contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas establece también que las víctimas podrán denunciar a su superior, en caso de que éste sea el presunto infractor, sin necesidad de informarle, tal y como ocurría hasta ahora por el respeto a la jerarquía.
Defensa ultimó este protocolo a raíz de la repercusión que tuvo el caso de la excomandante Zaida Cantera, que denunció por acoso sexual a un teniente coronel, Isidro José Lezcano-Mújica, quien a su vez era uno de sus superiores. Después de ser condenado a dos años y diez meses de prisión, la oficial denunció a varios compañeros de promoción del ahora coronel Lezcano-Mújica por acoso laboral.
El ministerio elaboró un borrador del protocolo el pasado mes de junio y lo envió a los grupos parlamentarios y a las asociaciones profesionales de militares para que hicieran sus aportaciones, tras lo cual el Gobierno aprobó el texto definitivamente el 20 de noviembre y hoy ha entrado en vigor.
Sobre las medidas cautelares para el presunto infractor, el protocolo elaborado por el ministerio contempla el arresto cautelar por un periodo máximo de 48 horas, el cese en sus funciones por un máximo de dos días –ambas posibilidades impuestas por el jefe de unidad– y el pase a la situación administrativa de suspenso de funciones por seis meses.
