El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, ha autorizado este miércoles la apertura de un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Cunha ha anunciado su decisión en una rueda de prensa en la que ha aclarado que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que ha dicho lamentar haber autorizado un proceso al que, en su opinión, el país necesitaba enfrentarse.
«No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley», ha afirmado el presidente de la Cámara baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre pasado se declaró «independiente» y que desde entonces viene apoyando causas defendidas por la oposición.
El presidente de los Diputados ha dicho que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.
«Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año», ha asegurado.
La Constitución prevé celebrar juicios políticos
La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados «delitos de responsabilidad», lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.
