Dolores Agenjo dice que responsables de Educación le dieron «instrucciones» para entregar las llaves del centro
La directora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ha asegurado este lunes en su declaración como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la causa por la consulta del 9N suspendida por el Tribunal Constitucional, que las vísperas de que se celebrara recibió varias llamadas del Departamento de Enseñanza en que la «presionaron» para que entregara las llaves de su centro de forma que acogiera las urnas de la consulta.
La directora, Dolores Agenjo, ha asegurado ante el juez que, semanas antes de la consulta alternativa, asistió a una reunión con responsables de Educación en que se le dieron «instrucciones» para que entregara las llaves, lo que ella interpretó como un presión porque de negarse podría acarrear consecuencias negativas para su carrera profesional.
En una declaración como testigo de apenas una hora ante el magistrado, Dolores Agenjo ha relatado al magistrado Joan Manuel Abril que recibió varias llamadas de la directora de los servicios territoriales de la Generalitat, Montse Llovet, para que entregase las llaves, pero ella se negó a hacerlo hasta que le enviasen una orden por escrito porque el Tribunal Constitucional (TC) había declarado la consulta anticonstitucional.
Según ha explicado ella misma a los medios a su salida a las puertas del Palau de Justícia, Agenjo recibió «hasta cinco» llamadas de Llovet entre el 6 y el 7 de noviembre, ya después del pronunciamiento del TC, que ella interpreta como presiones para entregar las llaves.
Recibió correos cuando se negó a entregar las llaves
La testigo ha añadido que, a raíz de su negativa a entregar las llaves del instituto para que se instalaran las urnas, recibió correos electrónicos amenazantes, según ella, sin que se haya sentido apoyada por el Departamento de Enseñanza, aunque también ha precisado que no se las comunicó a la ningún responsable de la Generalitat.
La directora se negó a entregar las llaves del centro, que estaba previsto que acogiera uno de los puntos de participación, lo que obligó a trasladar el espacio de votación a la Escuela Sant Jaume del barrio de La Torrassa.
Agenjo, que ya está jubilada, formó parte de la candidatura de C’s en las elecciones catalanas del 27 de septiembre: «Me llamaron el 30 de julio por si quería formar parte», según ha explicado a los medios.
La entonces directora ha sido la primera de los cinco testigos citados para declarar este lunes en la causa en la que el TSJC mantiene imputados al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas; a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, por presunta desobediencia.
El centro de prensa costó 140.000 euros
También ha declarado el administrador de la empresa Serveis de l’Espectacle Focus, Daniel Fernández, que ha explicado al tribunal que el coste del operativo del centro de prensa que se organizó en el recinto ferial de Montjuïc fue de 140.000 euros.
Según fuentes judiciales, Fernández ha explicado que este trabajo no se pagó a parte, sino que estaba incluido en un contrato global que la empresa tiene suscrito con Presidencia de la Generalitat, por el que se encargan de asumir la organización de sus actos durante todo el año hasta llegar a un importe máximo total de 500.000 euros.
Fuentes judiciales han explicado que, pese a que el centro de prensa ya costó 140.000 euros, en todo el año y sumando todos los actos de Presidencia no alcanzaron el tope de 500.000 euros.
Rigau: «Tenía una discrepancia profunda con la propuesta»
Antes de conocerse el contenido de la declaración de la directora de instituto que no abrió el centro, la conseller de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, imputada en la causa, ha considerado que en este caso no había un problema con la Consellería de Enseñanza sino «una discrepancia profunda con la propuesta que hacía el presidente de la Generalitat».
En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha apuntado que la directora «ya no dice que se le dieron instrucciones, sino que acepta que fue informada» sobre el uso de institutos públicos como centros de participación.
Además, Rigau ha señalado que la directora tiene «un compromiso político» con C’s, después de haber concurrido con esta formación a las elecciones municipales y catalanas.
El presidente en funciones de la Generalidad, Artur Mas, asumió la «responsabilidad» como «promotor político» de la consulta del 9N en su declaración el pasado jueves como imputado por un presunto delito de desobediencia, aunque matizó que la «ejecución» corrió a cargo de los voluntarios.
La conseller de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, coincidieron un día antes en su declaración como imputadas ante el TSJC, al asegurar que el proceso participativo del 9N fue organizado por voluntarios y que por tanto no desobedecieron la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.
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