El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha solicitado al departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra el nombramiento de «uno o varios funcionarios con la formación y los conocimientos necesarios» para realizar una auditoría a las cuentas de Osasuna durante la presidencia de Pachi Izco.
En una providencia notificada este miércoles, el magistrado expone que resultan «imprescindibles amplios conocimientos de auditoría y contabilidad» para determinar si las cantidades extraídas en metálico de las cuentas de Osasuna investigadas en esta pieza separada «han tenido un destino lícito y constan debidamente contabilizadas en los libros del Club o, por el contrario, se han distraído para fines ilícitos» o «han sido objeto de apropiación por alguna persona».
El juez, añade la resolución, quiere saber si esas extracciones en metálico se han contabilizado indebidamente, o si se han falseado los libros y otros documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de Osasuna, o si se han realizado anotaciones o apuntes falsos, tal y como indiciariamente ha ocurrido con el dinero sacado en los años 2013 y 2014.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 17 de junio el magistrado acordó abrir la ‘pieza separada B’ para extender la investigación a la presidencia de Pachi Izco al haber descubierto en las averiguaciones realizadas hasta la fecha que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico, mediante la retirada de billetes, un total de 3.090.000 euros de las cuentas del club.
En concreto, según expuso el juez en el auto, en los años 2003, 2004 y 2005 se sacó dinero en metálico por importe total de 1.380.000 euros; en 2006 un total de 1.260.000 ? y en 2007 un total de 450.000.
En la providencia dictada ahora, el juez quiere determinar si se ha originado un perjuicio al propio Club Atlético Osasuna, a sus socios o a la Hacienda Pública.
El juez solicita al departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra que, en el caso de que no disponga del personal adecuado para llevar a cabo la citada auditoría, se lo comunique y le informe de qué organismo público, estatal o autonómico podría realizarla. En el supuesto de que esta prueba pericial no pudiera efectuarse por parte de funcionarios públicos, el instructor designaría peritos privados.
