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El Gobierno sale a la caza de contratos temporales sin causa

El Gobierno sale a la caza de contratos temporales sin causa

Fátima Bañez

Prevé extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La futura norma es una de las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación y está incluida en el “Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo”, suscrito por el Ejecutivo y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio.

La vicepresidenta ha manifestado que es una reforma estructural que tiene como finalidad “modernizar el mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social y, además, generar nuevas dinámicas en la lucha contra la siniestralidad laboral y en la garantía de la seguridad en el empleo”.

La futura ley, ha puntualizado Sáenz de Santamaría, configura la Inspección de Trabajo como un organismo autónomo, que propiciará una mejor colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y permitirá “reforzar la inspección de trabajo sin incremento de gasto”, “a coste cero”, al tiempo que “garantiza la unidad de mercado laboral”. Lo que se busca, ha añadido, es un nuevo modelo que “sea mucho más coordinado y eficaz para para poder estar al servicio de los trabajadores y de las empresas”.

La vicepresidenta ha explicado que el texto también contempla la creación una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude con el fin de fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones, y la de un nuevo grupo de funcionarios: la Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Controlar los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales

El anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, entre otras cuestiones,prevé extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales, de los 964 inspectores de trabajo a los 836 subinspectores.

De esta forma, el Ministerio de Empleo redobla esfuerzos y espera, un salto exponencial en la transformación de contratos temporales en indefinidos.

Este anteproyecto de Ley viene a modernizar la antigua Ley Ordenadora del sistema de inspección, que data de 1997 y que, según fuentes de Empleo, debía adaptarse a la nueva realidad del mercado de trabajo, en la que han proliferado nuevas formas de irregularidad relacionadas con la contratación.

Además, la ley requería pasar de un sistema de colaboración entre las distintas administraciones a otro de compartido y de participación, en el que los criterios de inspección sean los mismos en todos los territorios y además tengan voz los agentes sociales.

En este mismo sentido, el Gobierno ya introdujo cambios legales en 2013 para que los trabajadores a tiempo parcial registraran a diario las horas realizadas en jornada y las complementarias. De esta forma, prevé que las empresas cuenten con un registro que incluya esta información, que podrá ser solicitado por un inspector de trabajo para verificar si no se trata de trabajos a tiempo completo encubiertos. Por lo pronto, en 2014 se incrementaron las inspecciones en este ámbito en un 127% respecto al año anterior, hasta las más de 14.400.

Por otro lado, en esa otra vertiente de involucrar en la lucha contra el fraude a nuevos ámbitos, la reforma introduce la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado y otras instancias como la inspección de Sanidad, para que puedan aportar información a la Inspección de Trabajo si cuentan con evidencias de fraude a partir del desempeño ordinario de su actividad.

En esta voluntad de aumentar la participación ciudadana en la lucha contra el empleo irregular, Empleo ya abrió en 2014 el buzón del fraude, para recabar avisos de ciudadanos que alertaban de casos de fraude en el empleo. El resultado ha sido bueno, según Empleo, ya que se ha conseguido realizar 15.200 inspecciones y aflorar unos 3.000 empleos irregulares.

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