La Cámara de Comptos ha publicado un informe que analiza la adjudicación de la ampliación de la zona regable del Canal de Navarra, solicitado por el Parlamento a instancias del PSN, Bildu, Aralar-Nafarroa Bai e Izquierda-Ezkerra, señala que el acuerdo del Gobierno no aporta ninguna innovación al marco jurídico, puesto que se limita a recomendar algo ya contemplado en la Ley Foral de Contratos y en el pliego del propio procedimiento de la ampliación de la zona regable del Canal de Navarra
De hecho, según Comptos, la mesa ya había solicitado informes a colaboradores externos para valorar los aspectos económicos de la oferta.
En opinión de la Cámara de Comptos, ese tipo de recomendaciones realizadas desde el Gobierno de Navarra sobre cómo debe actuar una mesa de contratación, y más todavía en mitad de un proceso en marcha, pueden afectar a la autonomía de estos órganos técnicos.
En este caso, la opinión de los colegios no ha alterado el resultado de las decisiones de la mesa, aunque podría haber dado lugar a «situaciones complejas» si la opinión de los colegios no coincide con la de la mesa. La adjudicación, en la que los aspectos económicos tuvieron una incidencia fundamental, recayó en el grupo OHL Construcción y SGAB.
Por ello, el informe pide al Gobierno que reconsidere el acuerdo del 19 de febrero y si entiende que el informe preceptivo de los colegios profesionales mejora la transparencia debería incorporarlo a la legislación de contratos.
Se trata de un contrato de concesión de obras públicas realizado por la empresa pública INTIA, S.A. a través del conocido como «peaje en la sombra» para regar unas 15.000 hectáreas. La empresa adjudicataria realiza las obras y explota esas zonas durante 30 años, recuperando la inversión mediante el cobro de cánones abonados por INTIA y los regantes. El presupuesto estimado de la inversión ronda los 160 millones de euros.
A la licitación acudieron dos consorcios. Uno formado por Acciona e Iridium y el otro por las sociedades OHL y Sociedad de Aguas de Barcelona.
El 10 de febrero de 2014, horas antes de que la mesa de contratación hiciera público el resultado de la valoración técnica y apertura de las ofertas económicas, el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local anunció que el Gobierno tenía previsto exigir informes de los colegios profesionales para los contratos de más de 12,5 millones. (Dicho acuerdo se aprobó el 19 febrero de 2014). «Siendo esta la obra más importante posiblemente de la legislatura, –añadió- no parece muy lógico que quede exenta de esta medida», por lo que pidió a la mesa que considerara cumplir dicho requerimiento. Así lo hizo la mesa, que sometió el procedimiento seguido a los Colegios de Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos, así como al de Economistas.
