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Francisco Vieria justifica los cobros ‘extra’ de los jueces por realizar funciones que no son de su cometido

Francisco Vieria justifica los cobros ‘extra’ de los jueces por realizar funciones que no son de su cometido

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El presidente del TSJM no pidió permiso al CGPJ al entender que no habría problema de incompatibilidad

Los pagos a jueces y fiscales se hicieron a través de la empresa Indra que pagó 200.000 euros por el asesoramiento técnico.

El presidente del Tribual Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieria, ha justificado este lunes que varios jueces cobren de la empresa Indra por asesorar en proyectos informáticos del Gobierno madrileño al entender que no son funciones de su cometido como magistrados.

En un comunicado, Vieria se ha manifestado así a raíz de una información publicada por el diario El País, que recoge que la Comunidad, a través de Indra, paga a jueces y fiscales en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto un desembolso de 200.000 euros.

El presidente del Alto Tribunal madrileño ha explicado que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos,una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.

“La Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de Justicia”, ha señalado en este sentido, al tiempo que ha explicado que para ello se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional, formado por un magistrado y un secretario judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y funcionarios.

Así, ha explicado que a estos se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y “como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema”.

Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido “esencial” para dotar a los Juzgados y tribunales de las herramientas informáticas “adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración”, y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

También ha especificado que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos “estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343″.

“Esta actividad es una forma de producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración de Justicia, por lo que entiendo que está exceptuada del régimen de incompatibilidades”, ha sentenciado.

En modo alguno está prohibido

Por su parte, la Asociación de jueces Francisco de Vitoria ha aclarado, a través de su portavoz Marcelino Sesmero, que el cobro de retribuciones económicas por parte de jueces, fiscales y secretarios por colaboraciones “técnico jurídicas” está permitido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha negado que “en modo alguno esté prohibido”.

“No son primas, es una retribución por un trabajo que luego se declara a Hacienda. Una empresa privada puede pagar a un magistrado siempre y cuando cumpla los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial: que se dedique a la docencia, que se trate de una colaboración pública como libros o ponencias o colaboraciones técnico jurídicas”, ha explicado.

Así, ha subrayado que en numerosas ocasiones estos trabajos se realizan fuera de los Juzgados en la propia casa de los jueces, quitando “mucho tiempo” a los mismos. “No tiene sentido que Indra o la propia Administración se pueda beneficiar del trabajo de los jueces sin haber luego una retribución. Puede hacerse y es compatible. Se ha hecho siempre y en todas las Comunidades Autónomas”, ha zanjado.

Comunicado íntegro del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El CGPJ interroga al presidente del TSJM sobre pagos de Indra a jueces de Madrid

 

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