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Imputados y testigos del caso Edu comienzan a declarar en abril ante el juez

Imputados y testigos del caso Edu comienzan a declarar en abril ante el juez

Caso Edu

Dos altos cargos de la Junta de Andalucía, sindicalistas y una exalcaldesa del PSOE, entre los señalados por los casos

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, instructor del caso sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación denominado Edu, comenzará en abril la toma de declaración a investigados y testigos de la primera fase de la operación.

Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de diciembre de 2010, tendrán que comparecer ante el juez instructor.

Ojeda, Pilar Sánchez y Fernández: los nombres más conocidos de los casos de formación

Fresnada, Ojeda, Fernández y Sánchez.
Fresnada, Ojeda, Fernández y Sánchez.

El nombre más mediático de los que han saltado este martes a la luz es el de la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez. Cabe recordar que Sánchez no está solo imputada por esta causa, y que ya ha tenido que responder ante la Justicia en el «caso PTA» (por la compraventa de unos suelos) y fue condenada a dos años de prisión, nueve de inhabilitación especial para cargo público y al pago deuna multa de 8,6 millones de euros por el caso desvío de fondos del Plan E.

Otro de los nombres propios en el caso de supuesto desvío de fondos de formación es el del extesorero de UGT Andalucía Federico Fresnada, quien, junto a otros compañeros del sindicato, fue detenido por, supuestamente, presentar facturas falsas para justificar subvenciones. Una compleja operación de ingeniería financiera servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo.

También en Sevilla la juez Mercedes Alaya investiga a dos exconsejeros de la Junta de Andalucía: Ángel Ojeda y Antonio Fernández. Ojeda, consejero de Hacienda entre los años 1987 y 1990, fue detenido el pasado verano junto con otras personas (entre las que se estaba su hijo Marcos) tras el informe de la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) en el que se señalaba que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012.

La juez Alaya señala también a Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta con Manuel Chavesentre 2004 y 2010. La juez considera que mientras ocupó el cargo de consejero, concedió «con ausencia de procedimiento» distintas subvenciones para la formación de los extrabajadores y autorizó la subcontratación de actividades formativas sin estar permitido. Además, el exconsejero habría concedido supuestamente becas a los trabajadores por asistencia a los cursos «por encima del máximo legal establecido». En total, Alaya cree que desde su consejería se otorgaron 950 millones de euros de dudosa legalidad.

También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las mencionadas ayudas, han indicado fuentes judiciales.

Primera fase del caso Edu

Para no entorpecer ni paralizar el trabajo de otros asuntos, el juzgado tiene previsto tomarles declaración durante varios meses.

Las primeras declaraciones se producirán el 17 de abril y cada día intentarán que declaren varias personas, aunque no tengan relación con la misma empresa.

Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, pero dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.

El instructor adoptó dicha decisión para agilizar el procedimiento después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara a finales del año pasado.

También está previsto que en los próximos días el juez instructor reciba la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas pero los investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas.

Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.

El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la UDEF.

Esta unidad, tras investigar el caso, ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas, falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.

Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

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