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Los menores expuestos a violencia de género serán reconocidos como víctimas

Los menores expuestos a violencia de género serán reconocidos como víctimas

Sáenz de Santamaría  y Alfonso Alonso

El Gobierno refuerza la Ley de Protección a la Infancia

El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes de  los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica que modifican el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que reconocen como víctimas de violencia de género a los menores y agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los de menos de 3 años, permanezcan con una familia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno a los proyectos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Sanidad, ha detallado el contenido de la reforma que refuerza la protección del menor frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas 3.364 en 2013.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha destacado que la reforma “convierte a España en el primer país del mundo en incorporar, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, la defensa del interés superior del menor como un principio”. La vicepresidenta ha añadido que “se definen por primera vez en una norma estatal cuáles son las situaciones de riesgo y de desamparo”.

Ambos han apuntado que en España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones públicas. De ellos, 21.600 están acogidos por una familia y 13.400 en residencias. La finalidad de la reforma es que todos los menores de tres años puedan vivir con una familia sin pasar por un centro de acogida.

Derechos, deberes y atención a grupos vulnerables

Alfonso Alonso ha explicado que la norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores. De esta manera, los niños podrán participar y tener el derecho de “ser escuchados en todos los procedimientos que les afectan”. Sus deberes afectan a las esferas familiar, escolar y social.

El ministro ha resaltado que se refuerza la protección a los grupos más vulnerables, como los menores extranjeros que se encuentren en España, en especial a los no acompañados o que son víctimas de trata. La reforma reconoce expresamente “el derecho que tienen a la sanidad, a la educación y los servicios sociales en igualdad de circunstancias que el resto de los españoles”.

Protección a la infancia

La reforma configura un nuevo sistema de protección de la infancia y define en una norma estatal las situaciones de riesgo y desamparo. La situación de riesgo viene derivada de conflictos familiares o carencias sociales que perjudican al menor. La de desamparo se determina por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.

Alfonso Alonso

El ministro ha aclarado que “el proyecto establece con claridad que la situación económica de la familia nunca es un motivo para declarar la situación de desamparo”. Alonso ha declarado que si se produce esta situación el primer objetivo es “mantener al menor en la familia de origen y, si no es posible, buscar la mejor familia para ese niño”.

Por otra parte, el texto regula por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta y agiliza los procesos de adopción nacional. También introduce figuras nuevas como la adopción abierta, mediante la que el niño adoptado sigue manteniendo alguna relación con su familia biológica. “La futura ley quiere garantizar que todos los niños tienen derecho a conocer sus orígenes y que las administraciones públicas tienen la obligación de tener disponible esa información para ellos”, ha dicho el ministro.

Lucha contra la violencia

La reforma tiene como objetivo transversal prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia. Alfonso Alonso ha afirmado que “por primera vez se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género”. En este sentido, establece la obligación de que los jueces tengan que pronunciarse sobre las medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas y prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres.

Tanto el ministro como la vicepresidenta han incidido en que la norma refuerza la protección frente a los abusos sexuales. Los profesionales que estén en contacto habitual con niños tendrán que presentar una certificación negativa de antecedentes penales como un requisito obligatorio.

Por otra parte, se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para que no pierdan su condición mientras que alguno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.​

 

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