Admitida la querella del fiscal anticorrupción contra Camps por presunta prevaricación y malversación en la Fórmula 1
La querella es también contra la exdirectora de Canal 9 Lola Jonhson y Aspar.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat y actual diputado por el PP en las Corts, por presunta malversación y prevaricación en la negociación y celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia entre los años 2006 y 2011.
La querella de Anticorrupción admitida en un auto conocido este martes se dirige también contra la exconsellera y exdirectora de Canal 9, Lola Johnson, y contra el expiloto Jorge Martínez Aspar.
En su escrito del pasado 14 de enero, la Fiscalía señaló que el TSJCV era competente para abrir una investigación «al existir sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps», en este momento aforado por ocupar un escaño en el Parlamento autonómico como diputado.
El Ministerio Público centró su querella en que Camps negoció «directamente» con el magnate de la F-1 Bernie Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia y fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
También en que fue quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.
Malversación, prevaricación y delito societario
Según ha informado el TSJCV, en la querella admitida la Fiscalía considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito continuado de malversación, prevaricación y delito societario, del cual resultan responsables Camps, Johnson y Aspar.
En un auto contra el que cabe interponer recurso de súplica en el plazo de tres días, la Sala de lo Civil y Penal, conforme establece la querella de la Fiscalía, acota la investigación al periodo en que Camps intervino como president de la Generalitat (de abril de 2006 al 19 de julio de 2011).
Considera que del relato hecho por el fiscal se desprende «la posibilidad razonable» de que los hechos narrados hayan ocurrido con participación en los mismos de Camps, y que éstos podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La Sala declara su competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar los hechos narrados en la querella que admite; acuerda la incoación de diligencias previas y designa instructor al magistrado que corresponda por reparto.
Francisco Camps niega las irregularidades
El expresidente ha negado a los medios las irregularidades y ha afirmado que todas las decisiones «contaron con el soporte técnico y jurídico necesario».
«La Administración valenciana cuenta con especialistas, juristas y técnicos de primer nivel que no habrían consentido ninguna actuación fuera de la legalidad», ha añadido el exjefe del Consell.
La admisión de la querella supone, en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Camps pasa a encontrarse imputado en un nuevo procedimiento judicial por presunta corrupción, en el que deberá personarse con asistencia letrada.
La investigación de la Fiscalía que ha conducido a las nuevas actuaciones judiciales se inició con las denuncias presentadas por los socialistas valencianos y Esquerra Unida. En ellas se apuntaba también, entre otros, al actual presidente de la Generalit, Alberto Fabra, y a su Gobierno en pleno por haber adquirido a principios de 2012 la empresa Valmor por un euro, asumiendo sus deudas, superiores a los 30 millones de euros, e incluyendo una cláusula que exoneraban a los antiguos dueños de eventuales responsabilidades. El ministerio público no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta parte de las demandas.
Camps fue juzgado y absuelto por un jurado en el caso de los trajes, una ramificación menor de Gürtel que provocó su dimisión en julio de 2011. El juez de Palma José Castro también halló indicios de delito contra él y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos, pero en aquella ocasión el TSJCV no admitió la inhibición remitida por el magistrado.
