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El juez Castro deja en manos de la Audiencia decidir sobre si la Infanta Cristina debe ir al banquillo

El juez Castro deja en manos de la Audiencia decidir sobre si la Infanta Cristina debe ir al banquillo

Urdangarin infanta cristinaEl titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dejado este martes en manos de la Audiencia Provincial de Baleares la decisión definitiva sobre si la Infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarín, y otros imputados del caso Nóos deben sentarse en el banquillo de los acusados, tras haber elevado a este órgano judicial los recursos interpuestos por todos ellos contra el mantenimiento de su imputación en la causa.

En concreto, será el tribunal de la Sección Segunda el encargado de deliberar al respecto y resolver el futuro procesal de la hermana del Rey Felipe VI. La Sección está compuesta por seis magistrados: cuatro titulares (su presidente, Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Ana Cameselle) y dos de refuerzo (una sustituta y otro de adscripción territorial).

Los recursos sobre los que la Sala deberá pronunciarse son los interpuestos por los Duques de Palma; el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro; Jaume Matas; los excaltos cargos de la Generalitat Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Del mismo modo, también han sido elevados a la Audiencia los recursos formulados por la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias y los concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, acusaciones en el caso Nóos.

Pasadas las 12.00 horas, un funcionario del Juzgado del que Castro es titular ha salido de las dependencias de Vía Alemania con los recursos en un disco duro para llevarlos a la Audiencia, momento que ha sido fotografiado por los medios de comunicación congregados.

Tras la resolución de las impugnaciones, las acusaciones del caso -Fiscalía Anticorrupción, Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- dispondrán de diez días -excepto en caso de que la Audiencia amplíe el plazo- para presentar su escrito de calificación provisional, en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

Las impugnaciones fueron presentadas, en concreto, contra el auto por el que el pasado 25 de junio Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos, y en el que decretó que continuase el proceso penal contra 16 imputados de cara a ser juzgados por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la actividad del Instituto Nóos, liderado entonces por el Duque de Palma y su exsocio.

El fiscal Pedro Horrach fue el primero en impugnar la resolución, mediante un recurso en el que recriminaba al magistrado haber llevado a cabo una instrucción “a la carta” y haber practicado investigaciones “contradictorias” en torno a la hermana del Rey Felipe VI “a modo de encaje de bolillos”.

La dureza del escrito, de más de 60 páginas, llevó a Castro a emplazar a Horrach a interponer contra él “una querella por prevaricación” si “cree lo que escribe” en su recurso, al aseverar que en él hay “claras imputaciones de que he prevaricado”.

Por su parte, la Infanta considera en su recurso que Castro ha querido “mantener a toda costa” su imputación por blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que “la mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la Ley”.

Según la defensa de la hermana del Rey, sólo así se explica que indicios de criminalidad que en su día se consideraron insuficientes o exculpatorios ahora la incriminen, y creen que el juez ha forzado las figuras de delito fiscal y blanqueo “más allá de lo que una cabal interpretación jurídica debería permitir para sostener la relevancia penal de las imputaciones”.

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